El Senado bonaerense avanzó en la sanción de una ley que prohíbe a nivel provincial el uso de celulares en las aulas de instituciones de educación secundaria, tanto públicas como privadas, y se sumó al listado de jurisdicciones que ya regulan el uso de los teléfonos durante el horario escolar. Aunque todavía no se sabe desde cuándo regirá esta nueva medida, la entidad que nuclea a los colegios privados de todos el país reclamó hoy que se establezcan mecanismos para permitir que cada establecimiento conserve la autonomía “para decidir si prohíbe su utilización o establece las condiciones para incorporarlos a su proyecto pedagógico”.

Así lo explicó el secretario ejecutivo de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Argentina (Aiepa), Martín Zurita. “El aspecto central es que las escuelas cuenten con respaldo legal y herramientas concretas para hacer cumplir sus decisiones. Una prohibición sin consecuencias claras ante su incumplimiento termina debilitando la autoridad institucional”, afirmó.

Ya en diciembre último, la Legislatura bonaerense estableció normas para restringir el uso de dispositivos en establecimientos primarios, tanto estatales como privados. Sin embargo, la aplicación de esta medida ha sido dispar, ya que no se determinaron mecanismos de aplicación y control. Además, desde hace un par de años, aunque no existiera una ley provincial, muchas instituciones de forma voluntaria ya habían avanzado en una regulación y prohibición del uso de dispositivos tecnológicos durante el horario escolar, y hasta dispusieron mecanismos como la colocación de lockers para celulares en el ingreso del aula, entre otros. Sin embargo, no contaban hasta el momento con un aval legal y cada colegio decidía la forma de implementarlo. Y el control, que inicialmente fue muy estricto, en los últimos meses en muchas instituciones se fue relajando.

A esta situación se sumó la preocupación por el crecimiento de las apuestas deportivas en menores de edad y el aumento de casos de uso de las deepfakes para difundir imágenes de estudiantes alteradas con inteligencia artificial para ser publicadas en sitios de pornografía, como ocurrió esta semana en el Colegio Modelo de Lomas. Por eso, tanto padres como instituciones avalan la regulación del uso de celulares en el horario escolar, aunque advierten que la medida no es suficiente para reducir el tiempo en pantalla, ni el impacto en la salud mental de los adolescentes, como tampoco alcanza para evitar que ocurran situaciones como las que plantea el deepfake.

Desde Aiepa, que agrupa a más de 5000 institutos de todo el país, se puso en alerta el impacto de la ley. “Medidas como la retención transitoria de un dispositivo pueden generar cuestionamientos y conflictos con las familias. Por eso, cualquier regulación debe contemplar procedimientos y consecuencias expresamente habilitados por la normativa, que protejan tanto a estudiantes como a docentes y directivos”, apuntaron desde la entidad en un comunicado.

Responsabilidad familiar

“Las escuelas son espacios de aprendizaje, socialización y construcción de límites. Pero no podemos olvidar que los celulares son dispositivos que llegan a las instituciones desde el entorno familiar, cuya responsabilidad también resulta fundamental”, apuntó Zurita. “Creemos que, como sociedad nos debemos un debate mucho más profundo sobre el impacto de las redes sociales en niños, adolescentes y también adultos. Es un desafío que excede ampliamente las paredes de la escuela”, sumó.

La restricción aprobada por el Senado de la provincia de Buenos Aires establece que el teléfono debe guardarse durante la jornada escolar. Apunta que un “uso responsable” implica no utilizarlo en clase, salvo excepciones pedagógicas en las cuales sea el mismo profesor o profesora que lo solicite.

Es decir: no es una prohibición absoluta del aparato dentro del edificio, sino una regla de uso que el docente puede levantar para una actividad concreta. La ley dice también que está terminantemente prohibido utilizarlo durante el proceso de enseñanza, excepto si el docente entiende que suma al aprendizaje.

Todo indica que la norma comenzará a regir el año que viene, aunque todavía no se sabe porque aún no fue publicada en el Boletín Oficial, con su correspondiente reglamentación. Allí, el Poder Ejecutivo bonaerense deberá determinar la autoridad de aplicación, que será la encargada de elaborar las reglas concretas y protocolos que deberán seguir las instituciones; por ejemplo, determinar dónde se guardan los teléfonos y quién es responsable de cuidar que queden allí, entre otras cuestiones. La norma toma como referencia la ley 15.534, que ya regula el uso del celular en el nivel primario, y extiende ese esquema a la secundaria.