El 1° de noviembre de 2021, Elena Highton de Nolasco dejó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con su salida, el tribunal que interpreta en última instancia la Constitución quedó integrado únicamente por varones. Pasaron casi cinco años. Hoy la Corte funciona con tres miembros sobre cinco, y la decisión sobre las dos vacantes acaba de postergarse para el año próximo, mientras algunos gobernadores impulsan en el Senado a un candidato que ya había sido rechazado.
No es la primera vez que la Corte se queda sin mujeres. En rigor, es lo que ocurrió casi siempre. En más de 160 años de historia, apenas tres juristas llegaron a integrarla. Margarita Argúas fue designada en 1970, durante un gobierno de facto. Ya en democracia, Highton y Carmen Argibay llegaron a mediados de la década de 2000. Durante algunos años el tribunal tuvo dos juezas al mismo tiempo. Después, la muerte de Argibay en 2014 y la renuncia de Highton en 2021 nos devolvieron al punto de partida.
Conviene aclarar desde el principio lo que esta columna no plantea. No es un reclamo de cupo, ni la idea de que alcanza con ser mujer para merecer un lugar en la Corte. Es algo más simple y, creo, difícil de discutir: un tribunal que decide sobre la vida de todos los argentinos gana legitimidad cuando quienes lo integran reflejan también a la sociedad sobre la que resuelven. Y en la Argentina hay mujeres de sobra con trayectoria, formación y experiencia para ocupar ese lugar.
Tampoco es una idea nueva ni una bandera partidaria. En 2003, el decreto 222 estableció que, al proponer jueces para la Corte, el Presidente debía tener presente la diversidad de género, de especialidad y de procedencia regional. Era un criterio orientador, no una obligación, pero expresaba un consenso. En junio de este año, el decreto 467 eliminó ese artículo. Justo cuando hay dos vacantes por cubrir y ninguna mujer en el tribunal, el Estado resignó la única pauta que lo invitaba a mirar la composición de la Corte en su conjunto.
Lo que ocurre en la cima es el reflejo de lo que pasa en toda la estructura judicial. Según el último Mapa de Género que elabora la Oficina de la Mujer de la propia Corte, las mujeres son el 54% del personal de la Justicia nacional y federal, pero apenas el 24% de quienes ocupan cargos de camaristas. Esa brecha se mantiene estable desde que se empezó a medir, en 2011. No es falta de vocación ni de preparación. Es el resultado de mecanismos de selección en los que, en su tramo final, siguen pesando más los acuerdos que los antecedentes.
Lo digo con conocimiento de causa. En 2018 quedé primera en el orden de mérito del concurso que realizó el Consejo de la Magistratura para cubrir una vacante en la Cámara Nacional Electoral, el tribunal donde desarrollé mi carrera. De haber sido designada, habría sido la primera mujer en integrarlo desde su creación, en 1962. En 2020, el Poder Ejecutivo eligió al segundo de la terna. La ley se lo permitía: el Presidente puede optar por cualquiera de los tres candidatos. Pero eso obliga a preguntarse para qué sirve el orden de mérito si, en el momento decisivo, puede dejarse de lado sin que haga falta explicar por qué.
No lo cuento para reabrir una historia personal, sino porque ilustra un patrón. Las mujeres no suelen quedar afuera en los exámenes. Quedan afuera en la última instancia, que es la más política y la menos transparente.
La Corte es el caso extremo de ese problema. Para sus vacantes no hay concurso: el Presidente propone y el Senado presta acuerdo con dos tercios de los presentes. Ese diseño exige, por definición, negociación política. Pero negociar no debería significar repartir. Cuando la conversación pública sobre la Corte se reduce a qué gobernador acompaña a qué candidato, o qué bloque puede trabar un pliego, se pierde de vista la pregunta central: qué perfil necesita el tribunal para cumplir su función.
Ahí hay una oportunidad. La postergación hasta 2027 puede leerse como una demora más o como tiempo para hacer las cosas mejor. No se trata de tener una receta cerrada, sino de recuperar algunas preguntas que el debate público fue dejando de lado.
¿Con qué criterios se eligen los candidatos, y cuánto pesa en esa elección la composición del tribunal? Que una pauta haya sido derogada no significa que haya dejado de tener sentido. ¿Qué lugar tiene la sociedad para conocer los perfiles antes de que lleguen al Senado? Durante años existió una instancia de observaciones ciudadanas que permitía a universidades, colegios profesionales y organizaciones opinar sobre los candidatos, y valdría la pena preguntarse qué se ganó al eliminarla. ¿Y qué entiende el Senado por idoneidad cuando evalúa un pliego para el máximo tribunal del país?
Responder estas preguntas no garantiza un resultado. Pero puede cambiar el eje de la conversación: de quién le conviene a cada sector a quién está en mejores condiciones de ocupar el cargo.
Una Corte integrada solo por hombres puede dictar buenos fallos y eso nadie lo discute. Pero cuando un tribunal decide sobre la vida de millones de mujeres sin que ninguna participe de esas decisiones, algo se pierde. Se pierde una mirada en la deliberación y se pierde también credibilidad frente a la sociedad. Hoy, con la Justicia tan cuestionada, no es un detalle menor.
Llevamos casi cinco años sin una mujer en la Corte. Sería bueno no llegar a más.
