El caso del abogado Guillermo Martín Moncayo von Hase se ha convertido en un triste ejemplo de violación del principio de inocencia por el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires. Moncayo, que fue denunciado en 2022 por supuestos delitos contra la integridad sexual en el ámbito familiar, se encuentra sufriendo, injustamente y a contramano de lo que imponen las normas y la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, prisión preventiva desde hace cuatro años y medio.
Luego de haber padecido un juicio oral plagado de irregularidades (defectos en las acusaciones, denegación de pruebas decisivas a la defensa, presiones y condicionamientos a los jurados por los acusadores, instrucciones indebidas para la decisión que aquéllos debían adoptar, entre otras), se llegó en 2024 a una condena. A finales de 2025 ésta resultó anulada en razón de un recurso de sus defensores. El tribunal reconoció las fallas del propio órgano acusador para lograr su condena, pero, luego de esta anulación, de la que han transcurrido ya ocho meses, le fue negada su excarcelación en forma arbitraria por algunos jueces provinciales.
Una detención sin condena prolongada por 54 meses no puede ser aceptada, bajo ningún pretexto, en un Estado de Derecho
De modo que permanece ininterrumpidamente detenido, sin condena alguna, desde marzo de 2022, en contra de las normas constitucionales y del sistema americano de derechos humanos que garantizan a toda persona el derecho a permanecer libre durante el proceso y que, si es detenida, la privación preventiva de su libertad esté debidamente justificada y no se prolongue por un tiempo irrazonable. Una detención sin condena prolongada por cincuenta y cuatro meses no puede ser aceptada, bajo ningún pretexto, en un Estado de Derecho.
La gravedad institucional de estos hechos aumenta por las serias presunciones que existen acerca de que el caso podría haberse originado en una denuncia infundada en el contexto de un divorcio. La organización civil Proyecto Inocencia Argentina, que investiga condenas erróneas y causas armadas, para liberar a personas inocentes, se ha interesado en el caso de Moncayo y lo sigue de cerca.
Sin duda, la vulneración estatal de garantías mínimas de la que Moncayo es víctima, es apta para generar responsabilidad internacional para la Argentina, algo que pareciera no importar a ciertos órganos judiciales bonaerenses que le han negado la excarcelación y lo mantienen detenido ilegalmente luego de la anulación de su condena por mala praxis del propio Estado.
La prisión preventiva es una medida estrictamente excepcional, pero, en los casos de denuncia de abuso sexual, los tribunales locales suelen emplearla como pena anticipada, sin que se haya probado la culpabilidad. Esto suele ocurrir por presión social, sensibilidad de la opinión pública y una mal entendida política judicial de protección de las presuntas víctimas, algo que sigue ocurriendo pese a los cada vez más frecuentes casos en los que, luego de sufrir el acusado largos años en prisión cautelar, resulta finalmente absuelto y, al contrario de lo presumido inicialmente, ha resultado él víctima de una falsa de denuncia.
Esta conclusión no se apoya solo en las innumerables inconsistencias en que incurrieron los acusadores y la prueba en que pretendieron sostener su culpabilidad, sino que también la prueba de descargo del propio imputado ha resultado contundente. En especial, las conclusiones que provienen de la psicología del testimonio que presentaron expertas internacionales para demostrar la debilidad de la prueba en que se basó su condena.
El verdadero desafío de los tribunales actuales radica en aplicar el derecho con perspectiva de género y de infancia, garantizando entornos seguros para las o los denunciantes, sin que ello signifique el desmantelamiento de las garantías procesales que protegen a cualquier ciudadano frente al poder punitivo del Estado, del que el caso de Moncayo es un claro y triste ejemplo que a todos debería avergonzar.
