Misiones tiene más de 10.000 productores yerbateros que producen el 90% de la hoja verde, con explotaciones menores a 50 hectáreas. Es la provincia con más minifundios del país y ahora enfrenta una crisis, pues el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), creado hace 25 años, perdió la facultad de fijar el precio mínimo que las industrias deben pagar por su producción. Ese precio pretendía cubrir los costos y la subsistencia digna del productor y su familia. Ahora reclaman 500 pesos por kilo cuando el mercado no supera los 250 pesos. Una brecha infranqueable.
No es el propósito analizar en detalle la estructura de esa economía regional ni sus posibles soluciones, sino señalar el parecido con muchas situaciones semejantes en el resto del país, de ahora y de siempre, cuando se ponen de manifiesto problemas que no fueron encarados a tiempo y que estallan cuando se hacen insostenibles.
Los 10.000 productores misioneros, así como quienes se dedican a otros cultivos intensivos (frutales, vitivinícolas. horticultura, algodón, tabaco) más quienes trabajan en pequeñas industrias y comercios, son familias argentinas que deben ser -y debieron haber sido- cuidadas para poder vivir de su trabajo, sin quedar expulsadas del quehacer colectivo. Ello implica acceso al crédito, costos laborales razonables, carga fiscal sensata, incentivos para ser competitivos e infraestructura adecuada.
Sin embargo, el populismo evitó transformaciones oportunas y transfirió los desajustes a los gobiernos siguientes como “papas calientes” de difícil digestión, que queman a quienes deben asumir el costo de corregirlos como es, precisamente, este caso.
El obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, en ocasión de los reclamos, cuestionó al gobierno nacional, afirmando que “todo proyecto económico, si no incluye a la gente, no sirve para nada”. Y respecto de la inflación, acotó: “Queremos estabilidad, pero que se logre con la gente. Sin la gente, con números cerrando en lo macro, pero con pobreza y situaciones sociales que están muy mal, nos daña profundamente”. No es objetable que el prelado se exprese de esa manera, pues tiene contacto directo y cotidiano con quienes sufren por el cambio en las reglas de juego. El obispo no es economista y juzga conforme a su leal sabe y entender. Al bajar la inflación se sacó de la pobreza a un alto porcentaje de la población, aunque el enorme costo que cubría el impuesto inflacionario ahora se distribuye entre otros que piden devaluación para “devolverles la pelota”.
Quizás piense que la economía es un juego de suma cero, donde el bienestar de quienes menos tienen requiere obligar a otros -en este caso, las empresas- a compensarles los ingresos faltantes. Pero ello no es así. Sin inflación, el bienestar sustentable solo es posible mediante crecimiento, con ahorro e inversión. Cuando se altera el sistema de precios con el loable propósito de lograr mayor equidad, se incentivan conductas opuestas, multiplicando miserias y retrayendo inversiones.
En 1970 Fidel Castro lanzó su campaña de 10 millones de toneladas de azúcar que terminó en fracaso, ya que nadie se esfuerza cuando el resultado será ajeno. La zafra actual es solo 1% de ese objetivo (100.000 toneladas) a pesar de ser Cuba paradigma de un “Estado solidario” que suplantó al “egoísmo” del mercado. No debe interpretarse que el obispo misionero adhiere al marxismo cubano; más bien, sus palabras suenan parecidas a las de quienes, desde 2003 hasta 2023, hicieron en la Argentina bandera de una inclusión “sin dejar a nadie afuera”, utilizando el déficit fiscal y la emisión para ocultar con billetes sin valor los dramas estructurales que ahora se ponen de manifiesto.
La economía no es un juego de suma cero donde el bienestar de quienes menos tienen requiere obligar a otros a compensarles los ingresos faltantes
Al surgir el INYM en 2002 como respuesta apurada a un “tractorazo” yerbatero, además de crearse una tasa específica y la potestad de fijar precios sostén, debió haberse previsto la reconversión productiva de los minifundios para alcanzar economías de escala conforme a la evolución previsible del sector. No es solución trasladar ineficiencias al resto de la cadena productiva, como tampoco lo es, para otras actividades, otorgar subsidios o cerrar la economía limitando las importaciones. Esos mecanismos tienen patas cortas en un mundo acelerado por cambios tecnológicos y geopolíticos. Solo pueden dilatar crisis que crecerán de forma exponencial.
Cuando la inflación baja y los subsidios desaparecen, también las empresas industriales deben responder a nuevos desafíos. Sin impuesto inflacionario los impuestos, tasas y contribuciones a tributar en los tres niveles explicitan la presión del gasto público. Sumados a la tasa de interés, los costos de logística, las tarifas de electricidad y gas, el precio de los combustibles, la falta de infraestructura, el aumento (en dólares) de la mano de obra e insumos que también inciden.
La destrucción de la moneda y la desaparición del crédito por desborde del gasto público, que pasó del 26% al 46% del PBI durante el kirchnerismo, no han sido irrelevantes. Se duplicaron los empleados públicos, se agregaron millones de jubilados sin aportes, estallaron los subsidios, creció el déficit de las empresas públicas y se multiplicaron los cargos políticos. El gasto social, que durante la gestión de Raúl Alfonsín representaba el 52% del presupuesto, alcanzó el 70% en 2023 (aun en 2026); sin embargo, la pobreza llegó a sumergir a la mitad de la población. Todo eso se pagó con inflación y ahora, con cambios de precios relativos.
No es solución continuar trasladando ineficiencias tapadas durante décadas por razones electoralistas mediante regímenes que fuerzan a las industrias a pagar precios mínimos por insumos de alto contenido social como la yerba mate, o al público a absorber los altos precios que permite una economía cerrada a las importaciones.
No son la solución los regímenes que fuerzan a pagar precios mínimos por insumos de alto contenido social como la yerba mate
El mundo ha cambiado y quien no evoluciona se mueve hacia atrás. Satisfacer las demandas populares será insostenible en economías de pequeños productores que solo logran crear valor por la mitad de los costos en que incurren para hacerlo. La energía es cara en todo el planeta y no basta declararla como “derecho humano”. Los medicamentos y tratamientos también lo son. Para construir viviendas, pavimentar calles, proveer agua potable y saneamiento, se necesita dinero contante y sonante. Las personas con discapacidad requieren acompañantes bien pagados, lo mismo que demandan los docentes y el personal de salud para educar y curar. Si no hay creación genuina de riqueza y solo hay acumulación de costos por ocupar mano de obra, no habrá posibilidad de tener energía, ni viviendas, ni medicamentos, ni educación, ni acompañantes.
Cuanto más bienestar colectivo se pretenda, mayor debe ser la productividad para sostenerlo. Se trata de un equilibrio elemental que no puede ignorarse y que requiere, como aporte del gobierno nacional, las condiciones básicas para recuperar la moneda, expandir el crédito y multiplicar inversiones. Esto es, consolidar la elusiva confianza, demolida durante décadas de un patoterismo institucional que aún amenaza la reactivación.
A su vez, los gobiernos provinciales deben acompañar proyectos de transformación, como los minifundios yerbateros, que impliquen esfuerzos de los involucrados para reconvertir sus actividades y hacerlas sustentables, sin subsidios ni precios sostén. No es un desafío para la jerarquía episcopal, sino para líderes comunitarios con capacidad de gestión productiva. Paliar desajustes de forma permanente, sin un plan de salida, solo agravará los problemas y desfondará las arcas públicas, que bien estrechas están.
