El escándalo que involucra a su asesor personal Fernando Cerimedo irrumpe en un momento particularmente delicado para el presidente boliviano, Rodrigo Paz. A casi diez meses de haber llegado al poder con la promesa de cerrar dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y sacar al país de su peor crisis económica en 40 años, enfrenta un escenario de creciente vulnerabilidad política, con una economía todavía en emergencia, un Congreso fragmentado y una conflictividad social que ya puso a prueba su capacidad de gobierno.

El caso se conoció en simultáneo a otro revés para el gobierno, la censura legislativa de su ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, una figura clave en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Lo de Cerimedo es brutal porque era el hombre de confianza absoluta”, dice a LA NACION el analista político boliviano Diego Ayo. “Esto ha debilitado tremendamente a Rodrigo Paz”.

“Ahora se observa un gobierno cercano a la corrupción, sin ninguna propuesta, sin un plan de gobierno, sin plata”, agrega Ayo. “Y ni siquiera hablamos de la crisis económica. Estamos en un país jodido y nadie habla de eso”.

El escándalo de Cerimedo llegó para agregar leña al fuego a un contexto ya de por sí inflamable. Paz asumió el poder con la promesa de cerrar el ciclo socialista de Evo Morales y de sacar a Bolivia de una crisis económica que arrastra una escasez de dólares y combustible, deterioro de las reservas y fuertes desequilibrios fiscales. La pérdida de capital político complica aún más su plan de tomar decisiones antipáticas pero necesarias para estabilizar el país.

Uno de los principales ejemplos es el retiro de las subsidios a los combustibles, una medida que contribuyó a desencadenar una ola de protestas y bloqueos que se extendió durante 53 días entre mayo y junio. La movilización llegó a comprometer el abastecimiento en varias ciudades y obligó al gobierno a recurrir a medidas excepcionales.

Después de superar aquel cerco, a comienzos de mes Paz pronunció su primer discurso nacional y buscó instalar un relato que todavía funciona como una de las principales justificaciones de su programa. El presidente dijo que había recibido una “patria arrasada y moribunda” y defendió la necesidad de tomar decisiones “impopulares” pero, según su visión, indispensables para evitar un colapso mayor.

La censura de Espinoza

En ese contexto, el gobierno acordó un programa de financiamiento con el FMI que todavía requiere la aprobación del Congreso boliviano y del Directorio Ejecutivo del FMI. El acuerdo es considerado clave para ayudar a estabilizar la economía y aliviar la persistente escasez de combustible y divisas.

Ahora la censura de Espinoza representa un revés especialmente inoportuno para el gobierno. El Congreso aprobó el martes su censura con 91 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones, después de que el funcionario no se presentara a responder preguntas sobre la política económica, monetaria y macroeconómica. Espinoza explicó que había viajado a Santa Cruz para atender problemas de suministro de diésel antes de dirigirse a Brasil.

Según el procedimiento legislativo, la censura obliga a la salida del funcionario. Sin embargo, Espinoza anunció que el gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional porque considera que durante el proceso se vulneraron normas establecidas para este tipo de decisiones. El episodio abre así otro frente de confrontación entre el gobierno y un Congreso en el que Paz no cuenta con una mayoría propia.

“Estamos llegando al décimo mes de gobierno y estamos arrastrando la misma crisis económica”, cuestionó durante el debate el diputado opositor Antonio Muriel. La frase resume uno de los problemas centrales de Paz. Necesita al Congreso para aprobar las reformas económicas y el acuerdo con el FMI, pero al mismo tiempo el Congreso se ha convertido en uno de los principales escenarios de desgaste de su gobierno.

Espinoza formaba parte del gobierno desde la asunción de Paz en noviembre de 2025 y se había convertido en uno de los principales responsables de la política económica y de las negociaciones con el FMI. Su salida, si finalmente queda firme, golpea a un equipo que necesita mostrar capacidad para ejecutar un programa económico todavía incompleto.

La fragilidad política de Paz también se manifiesta en su propia coalición. El presidente perdió el respaldo de algunos de sus aliados iniciales y debió realizar cambios de gabinete durante la ola de protestas y bloqueos.

Pero la ruptura más significativa fue con su vicepresidente, el expolicía Edmand Lara, que poco después de asumir se declaró opositor, calificó al gobierno de “tirano” y se sumó a las críticas contra el retiro de los subsidios a los combustibles. La ruptura dejó expuesta la dificultad de Paz para construir una alianza política estable después de la victoria que puso fin al largo predominio del MAS.

Un asesor incómodo

Para el analista Carlos Cordero, Cerimedo había sido un “personaje incómodo dentro del sistema político” boliviano y su salida del entorno presidencial puede incluso representar un alivio para Paz.

“Cerimedo armó su propio camino al desastre y a la muerte política, en Bolivia al menos”, sostiene el analista, que considera que el caso permite al presidente desprenderse de una figura polémica que había generado resistencias dentro y fuera del gobierno.

Pero ese alivio puede ser insignificante. Para Cordero, tanto el caso Cerimedo como la disputa por Espinoza profundizan el desgaste y la percepción negativa sobre la gestión presidencial. “La narrativa de promover la renuncia de Paz y una crisis política ha vuelto a reflotar”, advierte a LA NACION.

Cordero detalló que el andamiaje constitucional contempla un referéndum revocatorio después de los dos años y medio de gestión y elecciones dentro del plazo constitucional. “Lo disruptivo es pedir la renuncia y elecciones adelantadas”, señala.

La tensión política llega, además, después de otros cuestionamientos que afectaron la imagen del gobierno. Recientemente fue detenido el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, investigado por su presunta vinculación con la compra de combustible de mala calidad que provocó daños en miles de vehículos. El gobierno todavía intenta resolver las consecuencias de esa crisis, mientras enfrenta nuevas preguntas sobre la transparencia de su gestión.

Tres posibles caminos

Para Ayo, el escándalo de Cerimedo abre ahora un escenario de incertidumbre mucho mayor. El analista plantea tres posibles caminos que se abren para el presidente si no consigue encarrilar esta crisis.

El primero, el más extremo, sería que el escándalo terminara forzando la salida de Paz, un escenario que compara con los procesos que llevaron a la renuncia de presidentes como Carlos Andrés Pérez o Fernando Collor de Mello.

“El segundo escenario más suave es casi inútil, es volverlo simplemente una figura formal legal, que se quede como como se quedó finalmente Alberto Fernández en Argentina o Enrique Peña Nieto en México, que en sus últimos dos años no hacían absolutamente nada”, agrega Ayo.

“Y una tercera figura es que se acerque una suerte de golpe legislativo y gobierne el Congreso. Y que Rodrigo Paz acuerde o simplemente se adecúe a los mandatos que puedan salir de ese de ese espectro”, concluye.

El momento de Paz tampoco es completamente ajeno a una tendencia regional de presidentes que casi no han gozado de períodos de “luna de miel”. Como el chileno José Antonio Kast y el uruguayo Yamandú Orsi, el presidente boliviano llegó al poder con expectativas altas y se encontró rápidamente con electorados impacientes, promesas difíciles de cumplir y un contexto internacional adverso, especialmente por los inesperados aumentos de combustibles provocados por las tensiones en Medio Oriente