Hay momentos en que los ciclos políticos dejan de evolucionar gradualmente y comienzan a reconfigurarse con una velocidad inesperada. América Latina atraviesa hoy uno de esos momentos: el péndulo ya no oscila lentamente; se mueve con una rapidez que está redefiniendo el mapa ideológico de la región.
Cuando The Economist bautizó este fenómeno como la “ola naranja” -en alusión al inconfundible tono de piel de Donald Trump-, se refería a una forma de hacer política caracterizada por el liderazgo personalista, la confrontación permanente, la creciente desconfianza hacia las instituciones tradicionales, la promesa de mano dura frente al crimen y la migración ilegal, la reducción del tamaño del Estado, una comunicación emocional apoyada en el uso intensivo de las redes sociales y la inteligencia artificial, y la guerra cultural. Pero conviene no perder de vista el verdadero motor de este cambio: no responde únicamente a un desplazamiento ideológico, sino también a una profunda frustración ciudadana. Más que una simple alternancia entre izquierda y derecha, la región está presenciando un contundente voto de castigo contra los oficialismos de turno.
El voto anti-incumbente
Desde el regreso de Trump, las derechas -en sus diversas expresiones- han ganado las siete elecciones presidenciales celebradas en los últimos 18 meses en América Latina. También se impusieron en 13 de las 16 elecciones presidenciales celebradas entre 2023 y 2026. Las izquierdas, por el contrario, solo triunfaron en México con Claudia Sheinbaum, en Guatemala con Bernardo Arévalo y en Uruguay con Yamandú Orsi, y únicamente lograron retener el poder en una elección: México. Ninguna de las grandes olas políticas anteriores avanzó con una velocidad comparable ni con semejante alcance territorial. Basta recordar que, hace apenas unos años, entre finales de 2022 y comienzos de 2023, las seis principales economías de la región -Brasil con Lula, México con Andrés Manuel López Obrador, Colombia con Gustavo Petro, Perú con Pedro Castillo antes de su destitución, Chile con Gabriel Boric y Argentina con Alberto Fernández- estaban gobernadas por administraciones identificadas con el progresismo.
Hoy, doce países latinoamericanos -Argentina, Ecuador y Paraguay, tras las elecciones de 2023; El Salvador, Panamá y República Dominicana, en 2024; Bolivia, Chile, Ecuador nuevamente y Honduras, en 2025; y Costa Rica, Colombia y Perú, en 2026- integran un espacio político que mantiene una relación privilegiada con Washington. Del otro lado permanecen, por ahora, México, Brasil, Uruguay y Guatemala; las dictaduras de Cuba y Nicaragua; y el régimen autoritario chavista de Venezuela, bajo tutela de Estados Unidos.
Sin embargo, únicamente México y Brasil poseen el peso político, económico y demográfico suficiente para equilibrar, al menos parcialmente, la nueva correlación regional de fuerzas. De ahí que la elección presidencial brasileña del próximo 4 de octubre constituya el principal punto de inflexión de este ciclo: la madre de todas las elecciones del actual súperciclo electoral, tanto en América Latina como en América del Sur.
Si Brasil gira hacia la derecha, el mapa político regional adquirirá una configuración inédita y México quedará como el único gran gobierno de izquierda del continente, acompañado únicamente por Guatemala -que celebrará elecciones en 2027- y Uruguay -que volverá a las urnas en 2029-. Si, por el contrario, Lula obtiene la reelección, ello marcará un límite claro a la expansión de la denominada “ola naranja”.
Sin embargo, como ya hemos señalado, interpretar este fenómeno exclusivamente como un proceso de derechización ideológica sería un error analítico. Lo que realmente observamos es la consolidación de una poderosa dinámica de voto anti-incumbente que viene desplegándose con fuerza desde 2018. La tendencia predominante ha sido el castigo a los oficialismos, especialmente a los gobiernos progresistas. Esta tendencia comenzó a moderarse con la victoria oficialista en Paraguay en 2023, seguida por los triunfos de los oficialismos en México, El Salvador y República Dominicana en 2024, en Ecuador en 2025 y en Costa Rica en 2026. Además, cuando los oficialismos logran imponerse, suelen hacerlo con márgenes contundentes. Uno de los principales factores para anticipar sus posibilidades de continuidad es el nivel de aprobación del presidente en ejercicio, no solo porque aumenta sus opciones de reelección cuando está permitida, sino también porque, cuando no lo está, facilita la transferencia de su capital político al candidato oficialista, como ilustran los casos recientes de México (2024) y Costa Rica (2026). La fortaleza o debilidad de la oposición, su unidad, así como su capacidad para presentarse ante el electorado como una alternativa creíble de gobierno, constituye también un factor decisivo para el resultado electoral.
En otras palabras, la ciudadanía no está premiando únicamente propuestas conservadoras ni las distintas variantes de la derecha; está, sobre todo, castigando a gobiernos progresistas que no han logrado ofrecer seguridad, crecimiento económico, empleo de calidad, mejores servicios públicos ni una lucha eficaz contra la corrupción.
Inseguridad, economía y empleo
Las recientes elecciones presidenciales en Chile, Perú y Colombia, con las victorias de José Antonio Kast, Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella, confirmaron una profunda reconfiguración de las prioridades del electorado. La inseguridad y el crimen organizado se han consolidado como la principal preocupación en buena parte de América Latina. Frente a ciudadanos que conviven cotidianamente con el miedo, las explicaciones de las izquierdas sobre las causas estructurales de la violencia -aunque analíticamente sólidas- resultaron insuficientes desde el punto de vista electoral.
Los nuevos liderazgos de la “ola naranja” comprendieron antes que los gobiernos progresistas este cambio en las prioridades ciudadanas. Su discurso de orden, autoridad y mano dura conecta con una demanda inmediata de protección. De ahí también la enorme influencia del denominado “modelo Bukele”: la promesa de intercambiar parte de las libertades por mayores niveles de seguridad resulta atractiva para sociedades agobiadas por el crimen, la violencia y la impunidad.
En este contexto, la creación de empleo de calidad, especialmente para los jóvenes, adquiere una importancia decisiva
Pero esa aparente solución también enfrenta límites importantes. Exportar el modelo salvadoreño -como demuestra la experiencia de Ecuador, entre otros países- es considerablemente más complejo de lo que sostienen sus defensores. Las diferencias institucionales, territoriales y las particularidades de las organizaciones criminales reducen significativamente las posibilidades de replicar esa experiencia. Además, el debilitamiento del Estado de derecho, las violaciones de los derechos humanos y el deterioro de la calidad de la democracia constituyen riesgos que no deben subestimarse.
Junto con la seguridad, la ciudadanía también demanda economías capaces de generar crecimiento, empleo y oportunidades. América Latina continúa atrapada en una triple trampa: i) bajo crecimiento, escasa productividad, reducida inversión e insuficiente innovación; ii) elevados niveles de informalidad, pobreza y desigualdad; y iii) instituciones débiles y limitada capacidad de gobernanza, como viene advirtiendo desde hace años la CEPAL.
En este contexto, la creación de empleo de calidad, especialmente para los jóvenes, adquiere una importancia decisiva. Millones de personas ingresan cada año al mercado laboral sin encontrar oportunidades ni perspectivas reales de movilidad social. Generar empleo formal, impulsar la inversión, mejorar la calidad de la educación y desarrollar las competencias que exige la transición hacia una economía verde y digital no constituye únicamente un imperativo económico; también es una condición indispensable para preservar la estabilidad política, fortalecer la cohesión social y consolidar la gobernabilidad democrática.
Asimismo, esta nueva ola de gobiernos y movimientos ha convertido a las redes sociales en el principal vehículo para transformar un malestar difuso -alimentado por el temor a la inseguridad, la frustración económica y la desconfianza hacia las instituciones tradicionales- en un relato político coherente y movilizador. Esa capacidad para captar el estado de ánimo de la sociedad en tiempo real y responder mediante mensajes directos, sin intermediarios, explica en buena medida por qué estas fuerzas han logrado ampliar su base electoral más allá de sus núcleos ideológicos tradicionales, con especial éxito entre los votantes más jóvenes, mientras las fuerzas progresistas continúan apoyándose en estructuras de comunicación más convencionales.
Las sociedades latinoamericanas ya no otorgan cheques en blanco; conceden mandatos condicionados al cumplimiento de expectativas cada vez más exigentes
Sin embargo, más allá de los triunfos electorales obtenidos, el éxito de los gobiernos surgidos de la “ola naranja” dependerá de su capacidad para responder simultáneamente a tres grandes demandas ciudadanas: garantizar la seguridad, recuperar el crecimiento económico y generar empleo de calidad. La verdadera prueba ya no consiste únicamente en ganar elecciones, sino en demostrar que son capaces de ofrecer soluciones democráticas a los problemas de la democracia antes de que el malestar en la democracia termine transformándose en un malestar con la democracia.
El factor Trump
Una parte importante de esta nueva derecha regional ha encontrado en Donald Trump su principal referente internacional y una importante fuente de inspiración política. El presidente estadounidense ha intervenido abiertamente en varias elecciones latinoamericanas en respaldo de candidatos afines, contribuyendo a reforzar su proyección regional y la de sus aliados. Sin embargo, Trump enfrenta una limitación insoslayable: su mandato concluirá en poco más de dos años y la Constitución le impide aspirar a una nueva reelección. Antes deberá afrontar, a comienzos de noviembre de este año, unas elecciones legislativas de medio término que podrían alterar de manera significativa su margen de maniobra política.
Si Washington volviera a redefinir sus prioridades estratégicas -hoy articuladas en torno a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, la Doctrina Monroe 2.0 y el Escudo de las Américas, orientadas a reafirmar la primacía estadounidense en el hemisferio y a reducir la influencia de China-, varios de los gobiernos que hoy sustentan parte de su proyección internacional y de su narrativa política en esa relación privilegiada con Trump podrían verse obligados a recalibrar con rapidez su política exterior.
Esto no significa, sin embargo, que la “trumpificación” de América Latina vaya a perder impulso en el corto plazo. Más allá de la incertidumbre que rodea las elecciones presidenciales de Brasil y las elecciones legislativas de medio término en México, previstas para mediados del próximo año y llamadas a medir la capacidad de recuperación de la izquierda, las tres elecciones presidenciales de 2027 -Guatemala y, sobre todo, El Salvador y la Argentina, donde Nayib Bukele y Javier Milei buscarán sus respectivas reelecciones- sugieren que la “ola naranja” todavía no parece haber agotado su impulso.
El desafío: dar resultados
La experiencia comparada demuestra que una victoria electoral nunca equivale a un mandato asegurado. Las sociedades latinoamericanas ya no otorgan cheques en blanco; conceden mandatos condicionados al cumplimiento de expectativas cada vez más exigentes. Reclaman menos crimen, mayor crecimiento, empleo de calidad, mejores servicios públicos, instituciones más eficaces, mayor transparencia y una lucha creíble contra la corrupción. Si esos resultados no llegan con rapidez y eficacia, el mismo voto de castigo que hoy impulsa a la “ola naranja” mañana se volverá, como ya ocurrió en el pasado reciente, contra ella.
Por eso, el verdadero desafío de los gobiernos surgidos de esta ola no será conquistar el poder, sino ejercerlo con eficacia. Su permanencia dependerá menos de la fuerza de su discurso, de su capacidad de polarización o de su dominio de las redes sociales que de algo mucho más difícil: ofrecer mejores resultados que quienes los precedieron. Gobernar resultará considerablemente más complejo que ganar elecciones.
En realidad, el protagonista de este nuevo ciclo político no es la derecha ni la izquierda, sino una ciudadanía crecientemente pragmática, exigente y volátil, dispuesta a retirar con la misma rapidez el respaldo que antes concedió.
América Latina ha entrado en la era de la política de resultados. La legitimidad de los gobiernos dependerá cada vez menos de su identidad ideológica y cada vez más de su capacidad para ofrecer respuestas eficaces a las demandas de la ciudadanía.
Esa es, quizás, la principal lección de este nuevo ciclo político. La región no está premiando una ideología; está elevando el umbral con el que evalúa el desempeño de sus gobiernos. En la América Latina de hoy, las elecciones ya no otorgan un crédito político de largo plazo: apenas conceden un período de prueba. La “ola naranja” será juzgada menos por sus promesas que por los resultados que produzca. Y, si fracasa, el péndulo volverá a moverse, como ya lo ha hecho una y otra vez durante el último cuarto de siglo. Porque en la región ya no existen electorados cautivos ni lealtades ideológicas permanentes. Solo gobiernos que conservan su legitimidad mientras son capaces de producir resultados.
Daniel Zovatto es director y editor de Radar Latam 360 @zovatto55
