Buenos Aires, 15 julio (NA) – El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, quedó bajo presión luego de que una investigación judicial destapara una presunta estafa piramidal millonaria que funcionaba desde una oficina ubicada en Parque Leloir, una de las zonas más sensibles y de mayor poder adquisitivo del distrito.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la causa tiene como principales acusados al abogado Ángel Elías Gómez, detenido en una vivienda de Villa Ariza, y a Juan Ignacio Lombardo, quien permanece prófugo con pedido de captura.
La maniobra habría generado pérdidas superiores al millón de dólares y se sostenía mediante recomendaciones personales, vínculos sociales y supuestas credenciales empresariales. Los acusados se presentaban como responsables de Avalon Capital Futures Investments, una firma que ofrecía inversiones en mercados de futuros, Bolsa, criptomonedas y operaciones vinculadas con la soja.
El dato más grave es que la supuesta compañía operaba desde el Complejo Thays de Parque Leloir, pero no contaba con autorización del Banco Central ni tenía una constitución formal respaldada ante los organismos correspondientes. Ese punto deja al municipio ante una pregunta incómoda: qué controles comerciales, habilitaciones y fiscalización existían sobre una oficina que movía cifras enormes dentro del distrito.
Descalzo no tiene responsabilidad penal sobre una presunta estafa privada, pero sí debe responder políticamente por el control del territorio. Ituzaingó deberá explicar si el lugar estaba habilitado, bajo qué rubro funcionaba, qué inspecciones municipales recibió y si había señales de una actividad financiera que no coincidía con la habilitación declarada.
Los aportes registrados en la documentación secuestrada iban desde los 50.000 hasta los 350.000 dólares, con promesas de ganancias mensuales de entre 2,5% y 5%. El esquema, según la investigación, pagaba al principio para generar confianza y luego comenzaba con demoras, excusas y falta de respuestas a los inversores.
El golpe político para el intendente de Ituzaingó es claro: mientras el municipio busca mostrar gestión ordenada, una oficina en una zona premium habría funcionado como plataforma de captación de ahorros sin que el Estado local detectara a tiempo la irregularidad.
La causa reúne por ahora cinco hechos de estafa reiterada, pero los investigadores sospechan que podría haber más damnificados. Durante los allanamientos se secuestraron carpetas con contratos, por lo que el expediente podría crecer.
Ituzaingó no puede limitarse a decir que se trata de una investigación judicial. Si un esquema millonario operó desde una oficina del distrito, el municipio debe mostrar papeles, habilitaciones e inspecciones.
La pregunta para Descalzo queda instalada: quién controla lo que funciona detrás de las puertas de los complejos comerciales de Ituzaingó.
Agencia NA
