José Luis Manzano pasó a la historia por haber pronunciado en los años 90 la frase “Yo robo para la corona”, que seguramente lo sobrevivirá. Pocas expresiones resumieron con semejante brutalidad una determinada concepción del poder. Tal vez pase a la historia, además, por haber demostrado que en la Argentina el desempeño de cargos públicos puede ser el capital inicial de algunas de las mayores fortunas privadas.
Aquella frase no solo inmortalizó a su autor. Terminó convirtiéndose en el símbolo de una época en la que una parte de la dirigencia política dejó de ocultar la corrupción para empezar a justificarla. Ya no se trataba simplemente de admitir un acto ilícito. Se pretendía conferirle una suerte de legitimidad política. La corrupción dejaba de presentarse como una desviación individual para transformarse en un instrumento al servicio de un proyecto de poder.
Sin embargo, el interés que hoy despierta Manzano no reside ahora en aquella declaración, sino en el extraordinario recorrido posterior de su vida pública, demostrativo de cómo la política, en la Argentina, se ha convertido, demasiadas veces, en una extraordinariamente productiva fábrica de empresarios.
El joven dirigente que encabezó la renovación peronista y fue ministro del Interior del gobierno de Carlos Menem, el político que decidió alejarse del país cuando su imagen pública se había deteriorado profundamente, reapareció años después convertido en un empresario de enorme gravitación en sectores estratégicos de la economía argentina: medios de comunicación, energía, petróleo, minería e infraestructura. Horas atrás, se conoció que, a través de Edenor, empresa de la cual es accionista junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti, Manzano pasará a controlar Metrogas, la principal distribuidora de gas del país, tras su venta por YPF.
¿Qué nos dice sobre la Argentina el hecho de que uno de los protagonistas más controvertidos de la política de los años 90 haya llegado a convertirse, tres décadas después, en uno de los empresarios más influyentes del país?
La respuesta excede ampliamente la figura de Manzano. Su trayectoria constituye el reflejo de una característica persistente de la vida pública argentina: la extraordinaria capacidad del poder político para transformarse, con el paso del tiempo, en poder económico.
Cada tanto, la vida económica argentina ofrece imágenes que deberían invitarnos a reflexionar. No es la primera vez que un antiguo dirigente político aparece asociado a una gran operación empresarial; que años después participa en otra y más tarde interviene en un nuevo negocio estratégico.
La reacción habitual consiste en discutir a esas personas, a poner los sucesivos y reiterados José Luis Manzanos de nuestra historia en la picota. Se recuerda su trayectoria política, las controversias que acompañaron su paso por la función pública o las sospechas de corrupción que gravitaron sobre ellas. Pero esa discusión suele dejar intacta la cuestión verdaderamente importante. ¿Por qué la política argentina produce tantos empresarios exitosos?
En las economías desarrolladas suele hablarse de la llamada “puerta giratoria”. Funcionarios públicos pasan al sector privado y empresarios ingresan transitoriamente al Estado para regresar luego a sus actividades. El fenómeno plantea legítimos interrogantes éticos, pero normalmente supone el desplazamiento entre dos carreras previamente consolidadas.
La experiencia argentina parece responder a una lógica diferente y opaca, bastante menos saludable.
Aquí no son pocos los dirigentes cuya gravitación económica comienza precisamente cuando concluye su carrera política. No se trata simplemente de un cambio de profesión. Se trata de la transformación de un tipo de capital en otro. Porque el ejercicio del poder también produce patrimonio. A veces se trata de un patrimonio visible (que a veces aparece navegando en el Mediterráneo en barcos de nombre premonitorio, como Bandido): dinero que cambia de manos, cuentas abiertas lejos del país, sociedades opacas o patrimonios cuya titularidad se vuelve deliberadamente confusa. Otras veces, en cambio, se trata de un patrimonio mucho más sofisticado y, con frecuencia, mucho más valioso: relaciones personales, capacidad de influencia, conocimiento de los mecanismos del Estado, comprensión de los procesos regulatorios y una red de contactos, lealtades, afinidades y complicidades construida durante años de favores y prebendas otorgados en el ejercicio del poder.
Ese capital no figura en ningún balance, pero abre oportunidades que muy pocos actores económicos poseen. Y, sobre todo, no desaparece cuando termina un mandato. Permanece y, con frecuencia, constituye el activo más valioso que un funcionario conserva al abandonar el poder.
Ninguna de estas observaciones implica sospechar de la legalidad de las actividades desarrolladas por antiguos funcionarios. Sería absurdo sostener que quien ha ejercido un cargo público pierde, por ese solo hecho, el derecho a emprender actividades empresariales.
Mientras la política siga siendo, para algunos, el camino más corto hacia las grandes fortunas, los argentinos seguirán sospechando que el verdadero negocio no consiste en competir en el mercado, sino en conquistar el poder
El problema no reside en las personas. Reside en el sistema. Porque cuanto mayor es la presencia del Estado en la economía; cuanto más decisivas son las autorizaciones administrativas, las concesiones, las regulaciones, los subsidios, las tarifas o los permisos públicos, mayor es también el valor económico del conocimiento acumulado acerca del funcionamiento del propio Estado y de la capacidad de influir sobre él.
No es casual, entonces, que muchos de los empresarios surgidos de la política desarrollen sus actividades precisamente en sectores intensamente regulados. Allí donde las decisiones públicas tienen mayor incidencia sobre la rentabilidad de las inversiones, el conocimiento del aparato estatal adquiere un valor comparable al del capital financiero, la tecnología o la innovación.
Las instituciones no solo limitan el poder. También distribuyen incentivos. Un diseño institucional que convierte el conocimiento del Estado y la proximidad con el poder en uno de los activos económicos más valiosos termina estimulando la búsqueda de influencias antes que la creación de riqueza.
Cuando ello ocurre, la política deja de ser exclusivamente un servicio público para transformarse, al menos para algunos, en una etapa particularmente rentable de la vida empresarial.
Es esa una característica que debería preocuparnos. No porque impida el éxito de quienes recorrieron ese camino, sino porque altera la percepción social acerca del origen de la riqueza. En una economía competitiva, el éxito empresarial debería asociarse principalmente con la capacidad de innovar, producir mejor, administrar con mayor eficiencia o descubrir nuevas oportunidades de mercado.
Cuando la sociedad comienza a creer que las grandes fortunas nacen, sobre todo, de la proximidad con el poder, de su manipulación o de su uso en propio beneficio, deja de confiar plenamente en el funcionamiento de las instituciones.
Y esa desconfianza termina debilitando tanto al capitalismo como a la propia democracia y reforzando las prácticas corruptas. Manzano no constituye una excepción. Constituye un símbolo, pues su trayectoria resume mejor que muchas teorías la sorprendente facilidad con la que, en la Argentina, el poder político puede transformarse en poder económico.
Pero el fenómeno no empieza ni termina en un solo nombre. Se repite, con distintas intensidades y bajo gobiernos de muy diverso signo político, desde hace décadas. Precisamente por eso, reducir el debate a una persona significaría perder de vista el verdadero problema.
La pregunta relevante no es cómo determinados dirigentes llegaron a convertirse en importantes empresarios. La pregunta es por qué nuestro sistema institucional sigue ofreciendo incentivos para que el camino más corto hacia ciertos negocios estratégicos pase, con tanta frecuencia, por el ejercicio previo del poder político.
Una democracia precisa políticos honestos y empresarios exitosos. Pero necesita, sobre todo, que unos y otros lleguen a serlo por caminos diferentes. Mientras la política siga siendo, para algunos, el camino más corto hacia las grandes fortunas, los argentinos seguirán sospechando que el verdadero negocio no consiste en competir en el mercado, sino en conquistar el poder.
