El Senado aprobó esta tarde y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece un nuevo régimen de incentivo para inversiones relevantes (RIIR), en el marco de una sesión que contempla el debate de la modificación de la ley de salud mental.
El proyecto de ley que crea el RIIR fue aprobado por abrumadora mayoría de 60 votos a favor y sólo dos en contra de los provinciales de Santa Cruz.
Tras la votación en particular, en la que se incluyeron algunas modificaciones, la Cámara alta inició el debate de una iniciativa que propone la creación de de bonos por emisión de carbono.
El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes es una idea del jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), que terminó adoptada por el oficialismo, al extremo que fue enfáticamente defendido por la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich (Capital).
La iniciativa apunta a fomentar inversiones superiores a los 12 millones de dólares y convertirse en un puente con el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que contempla proyectos superiores a los 100 millones de dólares.
La iniciativa busca atraer un flujo constante de capitales nacionales y extranjeros mediante incentivos tributarios diseñados para acelerar el desarrollo económico, fortalecer las cadenas de valor regionales, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios y fomentar la creación de empleo genuino en la República Argentina.
Así lo dijo Vischi cuando informó la iniciativa en el recinto. “Esto tiene que ver con la capacidad de recuperar la confianza para nuevas inversiones lo que va a permitir dinamizar nuestras economías regionales y aprovechar el contexto internacional, que permite no sólo atraer inversiones con esta seguridad jurídica, sino también aprovechar mercados que se están abriendo en el mundo”, afirmó.
El kirchnerismo apoyó en general la iniciativa, pero cuestionó la política “de parches” permanentes en materia de regímenes de incentivos fiscales y la contradicción entre un Gobierno que dice fomentar las inversiones mientras “por otro lado está destruyendo el aparato industrial”.
Ese fue el planteo de Jorge Capitanich (Justicialista-Chaco), quien pidió la ampliación de plantas existentes o la reactivación de las paralizadas entre los proyectos que pueden acceder a los beneficios del RIIR.
En esa línea, también reclamó que se incluyeran “cadenas de valor de economías regionales” y que “no se afecten recursos coparticipables” en la promoción de proyectos y que sea la Nación la que absorba el costo de los créditos fiscales.
El régimen está dirigido a los sujetos comprendidos en el Impuesto a las Ganancias que superen los límites máximos establecidos en el segundo tramo para la mediana empresa, enfocándose en inversiones productivas nuevas concretadas durante los dos primeros años después de la sanción de la norma.
Para acceder a los beneficios fiscales, las empresas deberán comprometer un monto de inversión productiva igual o superior a los 12 millones de dólares. No obstante, la ley contempla excepciones para insumos y bienes clave -como equipos de riego agrícola, mallas antigranizo y tecnología de alta eficiencia energética-, los cuales podrán promocionarse independientemente del monto mínimo invertido.
Para adherirse formalmente al programa, las compañías postulantes deberán presentar ante la autoridad de aplicación un Plan de Inversión detallado con carácter de declaración jurada, el cual será evaluado en un plazo no mayor a 90 días hábiles.
Carbono
Este proyecto establece un marco regulatorio integral para la titularidad, registro y comercialización de créditos de carbono generados en el territorio argentino con la supuesta intención de promover la inversión en proyectos de reducción o remoción de gases de efecto invernadero.
La iniciativa define al crédito de carbono como un activo ambiental intangible y patrimonial con individualidad jurídica propia, independiente del inmueble o recurso natural subyacente, garantizando el respeto al dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.
Crea, además, el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe) como una plataforma digital, pública y gratuita donde deberán inscribirse los proyectos de créditos de carbono. Este sistema funcionará bajo la Autoridad de Aplicación que designe el Poder Ejecutivo.
El régimen exige que todo proyecto cumpla con estrictas salvaguardas de integridad técnica y para fortalecer la precisión de los datos y la transparencia impulsa el uso de tecnologías de alta precisión.
Para que un crédito pueda transferirse al exterior se requiere una autorización explícita de la Autoridad de Aplicación y la realización de un Ajuste Correspondiente en el Inventario Nacional, protegiendo así el cumplimiento de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Argentina mediante herramientas como la Reserva Estratégica Nacional.
Por último, la propuesta fomenta el financiamiento sostenible al integrar los créditos de carbono al mercado de capitales nacional bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV), permitiendo su representación digital (mediante la conversión en un token) y su uso como instrumentos financieros.
Invitación al Papa
Antes del debate del RIIR, el Senado había aprobado un proyecto de resolución que invita al Papa Leon XIV a hablar ante el Congreso reunido en Asamblea Legislativa. El texto, que se aprobó a mano alzada y sobre tablas, expresa el beneplácito del cuerpo por la visita del Papa León XIV al país y que lo invita a hablar ante la Asamblea Legislativa.
El convite llega tarde, ya que la agenda de la visita pastoral del Papa, que se extenderá entre el 8 y el 11 de noviembre, quedó definida y cerrada hace ya varias semanas entre el Vaticano y el Gobierno nacional.
En el inicio de la sesión se produjo la jura de la libertaria Claudia Cecilia López como reemplazante del fallecido senador oficialista Juan Carlos Pagotto en la banca por la minoría de la provincia de La Rioja.
Precisamente, la figura de Pagotto acaparó la atención de los senadores que durante más de tres horas dedicaron discursos de homenaje que incluyeron, además, a Norberto Di Próspero, exsecretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), que falleció hace dos semanas, y al expresidente Néstor Kirchner, en ocasión de cumplirse un nuevo aniversario de su muerte.
