PARÍS.– Al decidir la creación de un tribunal especial encargado de juzgar el “crimen de agresión” cometido por Rusia con la invasión de Ucrania, 36 países abrieron este viernes las puertas a un eventual Nuremberg encargado de procesar al presidente Vladimir Putin.
Esa propuesta, lanzada por el presidente Volodimir Zelensky inmediatamente después de la invasión lanzada por el Kremlin el 24 de febrero de 2022, se concretó finalmente con la firma de 34 países europeos más Australia y Costa Rica. El histórico documento, en la práctica, abre las puertas a un eventual enjuiciamiento de Putin ante un tribunal internacional.
“El momento en que Rusia deberá responder por su invasión se acerca a grandes pasos. La vía de la justicia se abre ante nosotros”, sintetizó el suizo Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa. En esta instancia, “debe prevalecer la justicia”, argumentó cuando los 36 países firmaron el protocolo adhiriendo a un tribunal especial que será el encargado de enjuiciar a Putin.
“El Tribunal Especial se convirtió hoy en una realidad jurídica”, comentó a su vez el canciller ucraniano, Andriy Sybiha, aludiendo al precedente del Tribunal de Nuremberg, creado por las potencias aliadas para juzgar a los jerarcas nazis que sobrevivieron a la capitulación alemana al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945.
Sybiha, que asistió a la histórica sesión de creación, comentó con ironía que “Putin siempre quiso entrar en la historia”. “Este tribunal lo ayudará a lograr su sueño… en su condición de criminal”, ironizó Sybiha con visible satisfacción.
La firma del documento
La nueva instancia, que tendrá su sede en La Haya (Holanda), fue creada durante la reunión anual de ministros de Relaciones Exteriores del Consejo de Europa, a fin de cubrir el vacío jurisdiccional que permanecía abierto por el virtual bloqueo de la Corte Penal Internacional (CPI).
Con sede en Estrasburgo, el Consejo de Europa es una organización intergubernamental instituida el 9 de diciembre de 1974 con la misión de elaborar un amplio abanico de normas, cartas y convenciones en todos los dominios de la vida pública –excepto temas de defensa– a fin de facilitar la cooperación entre sus miembros y reforzar la construcción europea.
Los 36 signatarios del documento fundacional son Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, San Marino, Suecia, Suiza, Ucrania. A esos países se agregan Australia y Costa Rica.
La Unión Europea (UE) también respaldó la iniciativa en su condición de institución internacional, a pesar de la abstención de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría y Malta. Tampoco respaldaron la iniciativa varios países de los Balcanes –como Serbia, Bosnia–Herzegovina, Macedonia del Norte y Albania–, así como tres repúblicas del Cáucaso (Armenia, Azerbaiyán y Georgia). Turquía tampoco se asoció, por el momento, a esa iniciativa.
La lista de adhesiones quedó abierta a otros países, sean europeos o extra continentales.
La firma del documento representa “apenas el primer paso de un largo camino”, advirtió Berset. Los dos primeros obstáculos que deberán superar los signatarios son la aprobación legislativa de cada país firmante y el aporte de los fondos que serán necesarios para que el tribunal pueda comenzar a trabajar a la brevedad.
La postura norteamericana
La UE se comprometió a aportar 10 millones de euros para poner en marcha la maquinaria. Su funcionamiento resultará penalizado por el virtual boicot de Estados Unidos, tradicionalmente hostil a todos los organismos internacionales de justicia.
El gobierno de Donald Trump puso en evidencia su posición el año pasado cuando incluyó la idea de una amnistía general por los crímenes de guerra como parte de un controvertido proyecto de tregua que intentaba negociar Estados Unidos durante su mediación para poner término al conflicto entre Rusia y Ucrania.
En una clara advertencia sobre su determinación, Trump también adoptó recientemente severas represalias contra los jueces de la CPI.
El nuevo tribunal, según los expertos, aporta un valioso refuerzo jurídico en la perspectiva de un eventual proceso contra los dirigentes que decidieron la invasión rusa de Ucrania. Este nuevo paso institucional era considerado de fundamental importancia porque la CPI no está habilitada a abordar los crímenes de agresión cuando son imputados a un Estado que no es miembro de la convención. Al mismo tiempo, Rusia –que no es signatario del estatuto de Roma– puede utilizar su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear toda modificación.
Los casos de crimen de guerra, crimen contra la humanidad y genocidio únicamente pueden aplicarse a individuos responsables de atrocidades. Cuando se trata de crímenes de agresión, se lo considera un delito de leadership (liderazgo) que incumbe, en última instancia, a las personas que ejercían el poder o tenían capacidad de decisión en la cúspide del Estado agresor, estipula el articulo 8bis del Estatuto de Roma adoptado en 2010 en Kampala.
En el caso de la agresión rusa a Ucrania, la acusación implicaría al Presidente, el Primer Ministro, el ministro de Relaciones Exteriores y los comandantes de alto rango que supervisaron y condujeron las operaciones militares.
El tribunal abrirá además un registro de daños a fin de reparar las pérdidas materiales sufridas por las víctimas de la agresión y la Comisión Internacional de Reclamos, que será la encargada de examinar las demandas y decidir el pago apropiado.
