Buenos Aires, 20 agosto (NA) – Un año se cumple de la noche en la que el clan García Furfaro empezó a desmoronarse. El 20 de agosto, pero de 2025, el empresario asociado al kirchnerismo y dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. fue detenido junto con sus hermanos, su madre e integrantes de las empresas en el marco de la causa por el fentanilo adulterado que causó casi 100 muertes, caso considerado como la “peor crisis sanitaria de la Argentina”.
Luego de varios meses de reunir las primeras pruebas, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó aquel día la captura de Ariel García Furfaro junto con la de toda la cúpula directiva y técnica de los laboratorios. La decisión del magistrado respondió a un pedido de los fiscales federales, quienes calificaron el caso como un hecho de “criminalidad compleja” que involucra a un “conglomerado empresarial organizado”.
El paso del tiempo empezó a dar respuestas. A más de un año del inicio de la investigación se logró constatar que los lotes 31.202 y 31.244 del opioide, distribuido en diversos hospitales de todo el país, estaban contaminados con las bacterias multirresistentes Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
A su vez, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, se determinó la existencia de fallas críticas detectadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Sanitaria (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) en las inspecciones, las cuales no tuvieron seguimiento alguno, por lo que ambos laboratorios continuaron funcionando. El quiebre sucedió el 18 de diciembre de 2024 cuando se fabricaron los lotes que resultaron estar contaminados y que en enero de 2025 empezaron a distribuirse a nivel nacional.
Recién a comienzos de mayo del año pasado el Hospital Italiano de La Plata presentó una denuncia ante la ANMAT por presunta contaminación en ampollas de fentanilo, lotes que habían sido suministrados a pacientes en grave estado y que fallecieron. Días después, las autoridades radicaron la presentación judicial y se dio inicio a la investigación. Pero ya era tarde.
El Estado es responsable. Ariel García Furfaro también lo es, y su clan que creía tener poderío ya no lo tiene. En la causa se investigan al menos 90 muertes por el opioide adulterado y 41 sobrevivientes de la inoculación. Familias, damnificados y un país busca respuestas, mientras que el empresario pasa sus días en un pabellón vip de la cárcel de Marcos Paz.
Ubicado en el pabellón 6 de la unidad penitenciaria, el recluso mantiene una rutina particular que combina actividad física, lecturas y encuentros gastronómicos provistos con mercadería propia.
Asimismo -consigna el diario Clarín-, mediante los encuentros habituales con su hermano Damián y su contador Diego Castrillón, el imputado monitorea la marcha de la fábrica de cables Epuyén SRL, desarrollos inmobiliarios en General Rodríguez y la construcción de una planta de productos biológicos en Paraguay con maquinaria importada de China.
Agencia NA
