Una tesorera del Banco Nación, de la sucursal San Pedro, fue imputada por la presunta sustracción de $40 millones mediante “maniobras irregulares” con fondos de la entidad financiera. La acusación sostiene que la empleada realizó extracciones sin respaldo y movimientos contables para ocultar el faltante, parte del cual se habría destinado al pago de deudas personales.
La imputación fue formalizada por la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, en una audiencia realizada ante el juez de garantías Carlos Villafuerte Ruzo. Según el Ministerio Público Fiscal, la mujer de 36 años utilizó su posición dentro del banco para acceder directamente al dinero y realizar operaciones irregulares, conducta que fue encuadrada como peculado, delito que prevé penas de entre 2 y 10 años de prisión e inhabilitación absoluta.
El juez dio por formalizada la imputación, dispuso el embargo de la vivienda de la acusada y su inhibición general de bienes, y fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación penal preparatoria. Las autoridades del Banco Nación se presentaron como querellantes en el expediente.
El caso comenzó el 16 de octubre de 2025, cuando un arqueo preventivo detectó inconsistencias en el dinero en efectivo del tesoro de la sucursal, según informó el Ministerio Público Fiscal. Al día siguiente, la gerencia zonal del banco intervino la dependencia y realizó un control integral con personal especializado, que confirmó un faltante de $40 millones.
A partir de ese hallazgo y del sumario administrativo interno, la fiscalía avanzó con la recolección de pruebas, que incluyeron testimonios, análisis de los movimientos contables y el relevamiento de registros de las cámaras de seguridad. La hipótesis central sostiene que la imputada efectuó extracciones directas de dinero y luego realizó pases contables sin respaldo físico para intentar disimular la diferencia.
La acusación se apoya en dos episodios puntuales que quedaron registrados por el sistema de videovigilancia del banco. El primero ocurrió el 31 de julio de 2025, cuando la mujer habría retirado efectivo del denominado “tesoro reserva”, lo ocultó entre su ropa y abandonó la sucursal. Posteriormente, se registró una operación contable por $10 millones desde el “tesoro latón” hacia un cajero automático, movimiento que, según la fiscalía, no respondió a una transferencia real sino a una maniobra para encubrir la sustracción.
El segundo hecho relevante se ubica el 8 de agosto de 2025. En esa oportunidad, la imputada habría retirado fajos de billetes de $20.000 del “tesoro libre” y los entregó a un cajero para cancelar deudas de tarjetas de crédito a su nombre por un total de $16 millones. De manera simultánea, habría efectuado registros contables por el mismo monto para intentar equilibrar los registros.
Entre los elementos de prueba incorporados al expediente, la fiscalía destacó las imágenes de las cámaras de seguridad internas, que muestran la manipulación de dinero en sectores restringidos y la salida de la imputada con efectivo. También se sumaron comprobantes de pago de tarjetas de crédito que coincidirían en fecha, monto y horario con las maniobras investigadas.
La causa incluye, además, declaraciones de empleados y autoridades de la sucursal, quienes describieron irregularidades en los traspasos de fondos y señalaron la existencia de operaciones contables sin respaldo en dinero físico. Uno de los testimonios consignó que el día del arqueo la imputada se encontraba visiblemente alterada y se retiró de la sucursal antes de que finalizara la jornada.
La investigación también analiza si existieron fallas en los mecanismos de control interno de la entidad, aunque por el momento la imputación se dirige exclusivamente contra la tesorera, quien permanece con licencia médica.
