Buenos Aires, 25 septiembre (NA) – El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, autorizó asistencias financieras reintegrables por un tope conjunto de $5.565.990.741,59 para que tres municipios afronten principalmente el pago de salarios correspondientes a agosto.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los decretos 2.074, 2.077 y 2.079 fueron firmados el 4 de septiembre pero quedaron expuestos en la edición del 23 de septiembre del Boletín Oficial provincial. Los beneficiarios son Juan Bautista Alberdi, Famaillá y Trancas.
La mayor autorización correspondió a Famaillá, con hasta $2.554.958.537,11. A Juan Bautista Alberdi se le asignó un máximo de $1.932.719.132,79, mientras que Trancas recibió un techo de $1.078.313.071,69. La suma de los tres instrumentos alcanza los $5.566 millones.
No se trata de aportes no reintegrables ni de transferencias ya ejecutadas en su totalidad. Los actos administrativos establecen que son asistencias que deben devolverse, que su liberación queda sujeta a la disponibilidad del Tesoro provincial y que los movimientos deberán registrarse tanto cuando los fondos sean puestos a disposición como cuando se produzcan las devoluciones.
Los recursos serán canalizados a través de cuentas fiduciarias de cada municipalidad, y la Dirección de Administración del Ministerio de Economía y Producción quedó facultada para emitir los comprobantes de anticipos extrapresupuestarios a favor de la Caja Popular de Ahorros, que actúa como agente fiduciario.
El lenguaje de los tres decretos es prácticamente idéntico y reconoce el mismo motivo central: garantizar “principalmente” el pago de los haberes de agosto. Esa palabra permite otros destinos previstos por la Ley 8.829 —obras, servicios y actividades culturales, deportivas o sociales—, pero la necesidad salarial es la justificación concreta incorporada en los expedientes.
La decisión compromete a Rentas Generales y exhibe la dependencia de esos gobiernos locales respecto del auxilio financiero de la administración de Jaldo para cubrir una obligación corriente. Aunque las municipalidades conservan la deuda y deben reintegrarla, la Provincia asume la disponibilidad inicial y administra el circuito fiduciario.
Los tres decretos se apoyan en acuerdos fiscales con municipios autorizados previamente por el Poder Ejecutivo y citan dictámenes de la Fiscalía de Estado emitidos el mismo 4 de septiembre.
No informan en su texto la cantidad de empleados alcanzados, el cronograma de devolución ni la porción que finalmente utilizará cada comuna.
Agencia NA
