Los reclamos ciudadanos contra la actividad de cuidacoches y limpiavidrios, prohibida por el Código de Contravenciones local, fueron escuchados por los legisladores porteños. Días atrás, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la llamada ley antitrapitos, que reformó el citado código y endureció las penas, imponiendo de diez días a dos meses de cárcel, hasta 45 días de trabajo comunitario y multas desde 1.139.988 pesos hasta algo más de 6,6 millones de pesos.
Hasta ahora, carecer de autorización legal para desempeñar estas actividades imponía, según el Código Contravencional, uno o dos días de trabajo de utilidad pública y unas multas que iban desde los 47 mil hasta los 284 mil pesos. De existir organización previa podía aumentarse a entre 5 y 15 días de arresto, duplicándose los montos cuando hubiera violencia de género. La ineficacia de esas sanciones podía medirse, por un lado, con la falta de controles, y por el otro, con la reiterancia: muchas caras repetidas en los mismos lugares.
A la prepotencia con la que se desenvuelve la mayoría de estos personajes en el espacio de todos, se suman los aprietes y las amenazas a los dueños de los vehículos, extorsiones inadmisibles que se potencian en ocasión de espectáculos deportivos o musicales masivos. También en zonas populosas, donde conseguir estacionamiento es difícil; en alrededores de terminales de ómnibus, de hospitales, estadios, centros comerciales o educativos se siguen registrando aprietes a personas y daños a vehículos. Enfrentamientos y agresiones verbales se han vuelto moneda corriente entre quienes defienden su derecho a estacionar en lugares públicos no tarifados y quienes pretenden hacer de esa práctica un negocio.
En el debate parlamentario también surgieron reclamos para que se amplíen las sanciones a la connivencia de policías, demasiadas veces partícipes económicos del producido por estas mafias.
De nada servirán las nuevas escalas de sanciones sobre las apropiaciones indebidas del espacio público si no se refuerzan los controles y se desactivan las complicidades que las sostienen. Los operativos antitrapitos deben mantenerse en el tiempo.
No puede dejar de citarse también la responsabilidad de automovilistas que aceptan estas prácticas y negociaciones, muchas veces por temor y otras por simple comodidad. No sirve que hoy disuadan o lleven presos a algunos si a la semana siguiente se los puede encontrar nuevamente en el mismo lugar. Los ciudadanos podemos avisar al 911 o hacer la denuncia de irregularidades en la vía pública de manera online cuando detectamos estas presencias.
La calle es hoy lamentablemente un ámbito de conflicto e inseguridad para las personas. Velar por el cumplimiento de las normas implica controlar y penar la prestación de servicios no autorizados en la vía pública para proteger a los ciudadanos y a los ocasionales visitantes.
