Durante décadas, los abogados que ejercemos la profesión de manera independiente, lidiando día a día con las mesas de entradas y las vicisitudes del ejercicio liberal, hemos mirado los concursos para la magistratura con una mezcla de escepticismo y resignación. La percepción dominante ha sido que el sistema de selección estaba diseñado por y para los integrantes del Poder Judicial, convirtiendo el acceso a la judicatura en una suerte de “carrera administrativa” donde el paso del tiempo vale más que el talento, y donde un buen contacto es más útil que el mérito técnico. El nuevo reglamento de concursos propuesto por el Consejo de la Magistratura de la Nación marca un punto de inflexión histórico que nos invita, finalmente, a volver a creer en la posibilidad de una justicia integrada por abogados de ley.
Uno de los mayores obstáculos para que los abogados más brillantes del foro se presentaran a concursar era la falta de previsibilidad y la opacidad del sistema vigente. El régimen actual se basa predominantemente en concursos convocados de forma reactiva, una vez producidas las vacantes, lo que abre la puerta a la “acumulación de vacantes” de forma discrecional por razones de favoritismo o conveniencia política. Esta imprevisibilidad desalienta a cualquier profesional serio que deba organizar su estudio jurídico y su vida profesional.
La reforma propuesta cambia la lógica del sistema: la regla general pasan a ser los concursos anticipados. Para los abogados esto es vital: otorga un horizonte de participación regular y previsible, permitiéndonos planificar nuestra postulación con la seriedad que el cargo merece. De igual manera, la reducción de los plazos permite que los procesos no se eternicen y la resolución de nuestros concursos sea en un plazo razonable para las exigencias de la profesión. La demora en los trámites solo beneficia a los que no tienen nada que perder con la mera permanencia en sus cargos.
El sistema de exámenes ha sido, históricamente, otro punto de fricción. El riesgo de filtraciones, el uso de material bibliográfico propio con “anotaciones” y la corrección subjetiva mediante deliberación entre jurados han alimentado la desconfianza. La propuesta actual introduce un cambio revolucionario: el anonimato robusto y la objetividad técnica.
La división de la prueba de oposición en dos etapas funciona como un filtro democrático donde solo la idoneidad técnica permite avanzar. En el mismo sentido, la prohibición de ingreso con material propio elimina cualquier ventaja comparativa que pudieran tener quienes, por trabajar dentro del sistema, cuentan con acceso a minutas o jurisprudencia interna de sus propios tribunales. Ahora, lo que se evalúa es la capacidad de razonamiento y la destreza práctica, terrenos donde el abogado litigante podrá demostrar el aporte que su ejercicio profesional supone para la judicatura.
Quizás el avance más significativo para nuestra comunidad es la nueva forma de calificar los antecedentes. Durante años, el sistema privilegió el “mero tránsito burocrático”, otorgando puntajes por antigüedad que hacían casi imposible para un abogado independiente competir con funcionarios judiciales de carrera.
Además, en el área de “especialidad”, el régimen anterior tendía a favorecer a empleados y funcionarios judiciales, mientras que a los abogados se les reducían puntos de manera significativa, sin criterios claros sobre cómo valorar su trabajo ni cómo acreditar tareas propias del ejercicio profesional, en particular en aquellos casos en los que no pueden firmar los escritos que redactan o proyectan, o desarrollan asesoramiento extrajudicial de alta complejidad y relevancia social. El nuevo reglamento establece pautas objetivas que nivelan la cancha. Por ejemplo, en los concursos para jueces de primera instancia, la escala funcional asigna un puntaje base por año de ejercicio. Mientras que un secretario de primera instancia suma 1 punto por año, un abogado en el ejercicio profesional efectivo (público o privado) suma 1,15 puntos por año. Esta diferencia del 15% a favor del ejercicio profesional es un reconocimiento explícito a la complejidad y exigencia de la abogacía de a pie.
Además, se incorpora el valor del rendimiento académico de grado. Hasta ahora, el esfuerzo realizado en la universidad no tenía impacto real. El nuevo reglamento otorga hasta 10 puntos basados en el promedio general y, fundamentalmente, en la ubicación relativa (decil) del egresado en su promoción. Esto premia la excelencia desde el inicio de la formación, permitiendo que abogados jóvenes y talentosos puedan compensar la falta de años de antigüedad con una trayectoria académica brillante.
La Constitución Nacional no exige que los jueces sean “hijos” del sistema judicial; exige que sean idóneos. Un Poder Judicial compuesto casi exclusivamente por personas que nunca han estado del otro lado del mostrador tiende a volverse endogámico, frío y alejado de la realidad de los ciudadanos.
En la reciente remisión de pliegos del Poder Ejecutivo al Senado para la designación de nuevos jueces no hay ningún abogado de la matrícula. El aumento del porcentaje de profesionales independientes que accedan a la magistratura es esencial para fomentar una pluralidad de visiones. El abogado aporta una perspectiva pragmática, una comprensión profunda de las angustias de los justiciables y una visión transversal del derecho que a menudo se pierde en la especialización excesiva de la carrera judicial. Esta “cercanía” no es solo física, sino conceptual: un juez que fue abogado entiende que detrás de cada expediente hay una persona esperando una solución real, no solo un despacho bien redactado.
Como abogados, tenemos la oportunidad de dejar de ser meros observadores críticos para convertirnos en protagonistas de la transformación del servicio de justicia. Este nuevo reglamento no es solo un conjunto de reglas técnicas; es una invitación a que el foro recupere su lugar en la magistratura. Al garantizar transparencia, anonimato y una competencia justa de antecedentes, el sistema finalmente reconoce que la excelencia profesional no tiene un único domicilio en el Palacio, sino que se construye cada día en cada estudio jurídico de nuestro país. Es hora de que los abogados aceptemos el desafío y nos presentemos a concursar. La justicia, y la sociedad, lo necesitan.
Abogado. Presidente de la Asociación Civil Justa Causa
