Buenos Aires, 14 agosto (NA) — La situación administrativa de ocho policías de La Rioja imputados en una causa por presunta privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y torturas en la comisaría de Ulapes quedó envuelta en versiones públicas contradictorias, mientras la querella reclamó una respuesta institucional al gobierno de Ricardo Quintela.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el abogado querellante Nicolás Mercado entregó el 12 de agosto a Asuntos Internos copias certificadas de las denuncias, sus ratificaciones, el dictamen fiscal y la resolución judicial vinculada con las imputaciones para acelerar el sumario administrativo y definir la situación funcional de los efectivos.
La investigación se originó a partir del relato de personas que dijeron haber sido detenidas en el departamento Ayacucho y trasladadas a esa dependencia policial, donde habrían sido encapuchadas y sometidas a violencia para obligarlas a confesar un delito. Las acusaciones todavía deben ser probadas y la imputación no equivale a una condena.
Mercado informó que el Ministerio Público Fiscal impulsó la apertura del sumario judicial contra ocho agentes por dos hechos. También advirtió que la identificación individual de los presuntos autores es compleja porque los denunciantes habrían tenido el rostro cubierto durante los episodios y expresó preocupación por la preservación de elementos probatorios, incluido el libro de guardia de la seccional.
El fiscal Julián de la Colina confirmó públicamente las imputaciones y detalló que la investigación alcanzaba a cinco policías que estaban de guardia, al comisario, al segundo jefe y a otro oficial. Distintos medios informaron, además, que no había detenidos y que continuaban pendientes medidas judiciales solicitadas por las partes.
La situación administrativa, en cambio, no quedó comunicada de forma uniforme. Según supo esta agencia, Asuntos Internos había dispuesto el apartamiento preventivo de todos los involucrados. Un día después, se supo que estaban bajo licencia médica o administrativa, pero sin suspensión de sus cargos.
La conducción de la Policía depende del Poder Ejecutivo provincial. La determinación penal corresponde exclusivamente a fiscales y jueces, pero el gobierno de Quintela sí tiene responsabilidad sobre el funcionamiento de Asuntos Internos, la preservación de los registros y la información oficial acerca de la situación laboral de los agentes investigados.
La Secretaría de Derechos Humanos provincial había intervenido desde junio y reclamado rapidez en la investigación y resguardo de las cámaras de seguridad. También informó inicialmente el apartamiento del comisario y del subcomisario, mientras persistían cuestionamientos por la permanencia de otros efectivos presuntamente vinculados con el procedimiento.
Al 12 de agosto, la causa continuaba con ocho policías imputados, sin condenas y con medidas judiciales pendientes. La querella había presentado documentación certificada ante Asuntos Internos, pero la resolución administrativa que permitiera conocer con precisión la situación funcional de cada agente no estaba disponible en los canales oficiales consultados.
Agencia NA
