El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, abrió un nuevo frente de disputa con el gobierno de Javier Milei. Intendentes de su provincia encabezaron este miércoles una protesta en la Cámara de Diputados contra el aumento de los subsidios al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), del que quedó excluido el interior.
También hubo reclamos de otros jefes comunales por el recorte del programa de medicamentos Remediar y las deudas del PAMI con los centros de salud municipales.
La convocatoria se realizó en la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados, presidida por la cordobesa Carolina Basualdo, del bloque Provincias Unidas (PU). Participaron 79 intendentes de distintos partidos políticos, más de la mitad de ellos cordobeses.
Entre los principales expositores estuvieron Daniel Passerini, de la ciudad de Córdoba; Pablo Javkin, de Rosario, y Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán.
El reclamo también tiene un trasfondo electoral. Llaryora se prepara para disputar su reelección en Córdoba, donde La Libertad Avanza (LLA) busca disputarle el poder provincial con Gabriel Bornoroni.
La confrontación con la Casa Rosada se intensifica, además, mientras el oficialismo necesita los votos de los legisladores que responden al gobernador para aprobar el presupuesto 2027, entre otros proyectos de la agenda oficial.
Hoy, desde el bloque @ProvUnid_Dip, presentamos un proyecto de resolución para rechazar la decisión del Gobierno Nacional, que vuelve a concentrar los subsidios al transporte en el AMBA, dejando a Córdoba y al resto de las provincias sin un esquema de asistencia equivalente.…
— Carolina Basualdo (@caritobasualdo) November 2, 2026
El propio Llaryora cuestionó el reparto de subsidios. “Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte del AMBA y le da la espalda a Córdoba y al interior”, publicó en sus redes sociales. Calificó la medida de “discriminatoria y populista, igual que el kirchnerismo”.
Durante la reunión, Passerini denunció que la Nación destina US$460 millones al transporte del AMBA y nada al interior, pese a que los recursos provienen de un impuesto a los combustibles que se paga en todo el país. “Si eliminan el impuesto al combustible, al día siguiente bajo 35% el valor del boleto”, desafió.
Passerini es el presidente del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), un espacio multipartidario que nuclea a jefes comunales de distintas provincias de la Argentina.
Javkin coincidió con el reclamo y cuestionó que el Gobierno haya reforzado los subsidios metropolitanos mientras limita la cobertura de los beneficios sociales de la tarjeta SUBE en las provincias. “Resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del AMBA valga cuatro veces lo que vale un ciudadano del interior a la hora del uso del transporte público”, sostuvo.
Los cuestionamientos también alcanzaron a la política sanitaria. Chahla advirtió que el programa Remediar pasó de distribuir 129 medicamentos esenciales a apenas seis, una reducción cercana al 95%. Entre los excluidos mencionó tratamientos para la diabetes, el hipotiroidismo y distintas infecciones. Cuestionó que el recorte se hubiera dispuesto sin evaluar sus consecuencias sanitarias.
La intendenta de San Marcos Sud (Córdoba), Claudia Godoy, denunció una presunta represalia del PAMI después de reclamar el pago de prestaciones médicas. Según relató, el organismo envió nueve auditores desde Buenos Aires, con un costo superior a los $9 millones, equivalente a la deuda que mantenía entonces con su municipio. “No tengo ningún problema con que me auditen, quiero que me paguen”, reclamó. Y apuntó contra los diputados libertarios cordobeses Gonzalo Roca y Gabriel Bornoroni.
Otro frente de conflicto
La protesta coincidió con otro motivo de malestar de Córdoba y Santa Fe con la Casa Rosada: la postergación de la nueva ley de biocombustibles, impulsada por ambas provincias para favorecer a sus productores.
Los legisladores que responden a Llaryora y al gobernador santafecino Maximiliano Pullaro esperaban dictaminar la semana pasada el proyecto aprobado por el Senado, que establece un régimen por 15 años y aumenta progresivamente los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel. Sin embargo, la resistencia de Pro y otros diputados bonaerenses, que buscan proteger a las pequeñas productoras de biodiésel frente a las grandes aceiteras, frenó su avance.
A diferencia de Llaryora, que mantiene una confrontación más abierta con el Gobierno, Pullaro ha sostenido una relación oscilante con la Casa Rosada. Esa diferencia política no impidió que los representantes de ambas provincias coincidieran en el reclamo por los biocombustibles.
En las provincias productoras sospechan que Pro actuó en coordinación con el Gobierno para bloquear la iniciativa. “Entre los movimientos del Pro y las dudas del Gobierno, nos quedamos sin dictaminar un proyecto que busca beneficiar a productores de bioetanol y biodiésel del interior”, cuestionó el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, aliado a Llaryora.
El malestar suma presión sobre el oficialismo en plena negociación del presupuesto, para cuya aprobación necesita los votos de los legisladores que responden a los gobernadores.
