Tras un debate picante entre jueces y abogados, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura votó hoy sancionar a un juez civil con una quita del 35% de su sueldo por declarar inconstitucional de oficio la ley de honorarios profesionales.
Los abogados les ganaron la pulseada a los jueces por seis votos contra tres y se pronunciaron por aplicar la máxima sanción prevista, por única vez. El asunto será tratado ahora por el plenario del Consejo.
El juez civil sancionado es Carlos Goggi, que viene declarando de oficio la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 de honorarios profesionales de abogados.
Según su criterio, esa norma, que ata el cálculo de los honorarios a la remuneración de los jueces federales, es “inequitativa” y, por lo tanto, ordena no aplicarla.
Esos fallos generaron la denuncia del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires. La abogada Jimena De La Torre, que no integra la comisión, viene reclamando sanciones para el magistrado.
Tras oír a los presidentes de la Asociación de Magistrados y del Colegio de la Abogacía, Goggi se presentó a dar su versión de los hechos y a justificar sus decisiones. Faltaban definiciones porque el expediente está próximo a vencer.
Tanto el juez consejero Alberto Lugones como la jueza consejera Alejandra Provítola solicitaron postergar una decisión a raíz de una nota que había ingresado a la comisión apoyando al magistrado, pero De la Torre insistió en que no debía postergarse.
Lugones le recriminó que no era parte de la comisión, pero ella le respondió que sí tenía voz en el Consejo. “¿Cuánto tiempo más vamos a demorar esto?”, se quejó el senador Luis Juez. Se rechazó la postergación y Provítola insistió en pedir la palabra.
“No nos encimemos. De a uno. Sé que está en campaña electoral y por ahí quieren sobreactuar el tema”, dijo el abogado consejero César Grau y le dio la palabra a De La Torre, quien insistió en reclamar la sanción: “No vi a ningún juez declarar la inconstitucionalidad de un aumento de sueldo”, disparó.
Lugones afirmó que con esto se buscaba perseguir a un juez por el contenido de sus sentencias, que se estaba abriendo “el comisariato judicial” y que se restringía la independencia de los jueces.
Además, subrayó que la Cámara revocó las decisiones del magistrado. “Acá no estamos haciendo campaña. El año que viene termina mi gestión acá y no quiero irme con esta mancha”, respondió Lugones.
Provítola ahondó al sostener que esto es de “gravedad institucional” y que se estaba haciendo “una excursión de pesca” con los fallos de ese magistrado.
“No se trata de una cuestión de estamento porque hay elecciones, como usted dijo, presidente, sino que, como hay elecciones, se exacerba una cierta posición para que los colegas de la abogacía puedan cobrar sus honorarios. Hoy somos todos Goggi”, agregó Provítola.
“Quiero que traten a los abogados como corresponde”, intervino la abogada María Fernanda Vázquez. “Los jueces, el 31 [del mes] miran el homebanking y tienen el sueldito. Para el abogado no es así. Si no le regulan, no tiene la plata, y si tiene que ir a la Cámara, tiene que seguir esperando”.
El senador Juez insistió con tratar el caso y dijo que la Cámara Civil ya le marcó el camino a Goggi, pero el juez insiste en ignorarlo. “La sanción es por hacer lo que se le ocurre, por no respetar la orden jerárquica. Si Goggi no toma la debida nota de que la Cámara le da una orden y él sigue haciendo lo que se le ocurre, después no nos quejemos. A Goggi se le advirtió en cinco oportunidades lo que tiene que hacer y hace lo que quiere”, agregó Juez.
“A nadie le gusta trabajar gratis, pero peor es que le regulen indignamente el trabajo, que no lo consideren. No me meto en el bolsillo de nadie y, si me preguntan, soy partidario de que todo el mundo gane lo mejor que pueda, incluyendo por casa”, opinó el consejero Alberto Maques (quien, al igual que Vázquez y De La Torre, no integra la comisión pero participó).
Por mayoría se votó sancionar a Goggi con una multa del 35 por ciento del sueldo, tal como pedían los abogados César Grau (presidente de la comisión) y Jimena De La Torre. Los acompañaron los legisladores Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Eduardo Vischi y Luis Juez. En contra votaron los jueces Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones, Alejandra Provítola y Diego Barroetaveña, quien no se encontraba conectado al momento de la votación.
Además, la comisión resolvió unificar denuncias y notificar por el artículo 11 del reglamento (informar al juez que se lo está investigando para que pueda dar su versión) a dos magistrados de la Cámara Federal de Córdoba: Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, denunciados por una secretaria por la presunta manipulación para intervenir en una causa y por hostigamiento laboral.
También se desestimaron las denuncias del juez federal de Rosario Gastón Salmain −procesado, suspendido y enviado a jury− contra uno de los jueces que intervienen en las causas que lo complican.
