La ajustada victoria de Keiko Fujimori en el balotaje presidencial en Perú no cierra la crisis política del país, sino que apenas abre una nueva fase, marcada por una legitimidad frágil, una polarización persistente y un escenario de gobernabilidad incierto. Con el 50,135% de los votos y una diferencia de menos de 50.000 sufragios sobre Roberto Sánchez, la líder de Fuerza Popular llega al poder tras un proceso electoral prolongado y disputado, en el que las denuncias de fraude y la desconfianza social atravesaron toda la campaña.

El resultado refleja un país partido en mitades casi exactas. No se trata solo de una división electoral, sino de una fractura más profunda que combina clivajes territoriales, sociales y políticos.

La oposición entre Lima, sumado a la costa, y la zona andina, entre sectores más integrados a la economía formal y regiones históricamente postergadas, vuelve a emerger como una de las claves para entender el escenario que enfrenta la nueva presidenta. “No es una grieta coyuntural, es una fractura estructural que el sistema político no ha sabido procesar”, apunta la politóloga del Instituto de Estudios Peruanos, Omayra Peña Jiménez.

“La polarización sigue vigente y no hay un intento real de construir consensos”, advierte Peña Jiménez a LA NACION. A su juicio, el problema no radica únicamente en la división, sino en la lógica predominante de los actores políticos que, lejos de tender puentes, han privilegiado la concentración del poder. “Hay incentivos para confrontar, no para cooperar”, agrega. El próximo gobierno deberá reconstruir legitimidad desde una base debilitada.

Según encuestas recientes, una porción significativa del electorado —tanto oficialista como opositor— consideraba posible un fraude, un dato que ilustra el nivel de desconfianza que atraviesa a la sociedad peruana. “Ese clima erosiona cualquier mandato desde el inicio”, subraya Peña Jiménez.

Luis Benavente, director ejecutivo de la consultora Vox Populi, coincide en el diagnóstico de fondo y asegura que “hay dos Perú muy distintos y muy divorciados”. Por un lado, describe, un país más emergente, vinculado a economías con mayor inserción en dinámicas globales. Por otro, un “Perú más excluido, resentido y golpeado por la corrupción”. “La política no ha logrado integrar esas dos realidades y eso se expresa en cada elección”, afirma. La tarea del nuevo gobierno, sostiene, será avanzar en mecanismos concretos de integración nacional, más allá de los discursos. “Sin políticas visibles en el corto plazo, el descontento puede escalar rápidamente”, advierte.

En ese sentido, la reconstrucción de legitimidad no dependerá solo de acuerdos políticos, sino de la capacidad de ofrecer respuestas tangibles. Problemas estructurales como la inseguridad, la precariedad del empleo, las deficiencias en servicios básicos y la falta de control territorial siguen sin resolverse. “El país está en manos del crimen organizado y de economías ilícitas que han ganado fuerza”, advierte Benavente, al señalar una de las principales urgencias. “Si el gobierno no logra mostrar resultados en seguridad, su capital político se va a erosionar muy rápido”, añade.

El componente simbólico

El triunfo de Fujimori introduce, además, un componente simbólico ineludible: el regreso del fujimorismo al poder más de dos décadas después de la caída del dictador Alberto Fujimori. Se trata de un apellido que sigue dividiendo al país entre adhesiones firmes y rechazos igualmente intensos. Esa ambivalencia es en simultáneo una fortaleza y una debilidad. Le garantiza una base política sólida, pero también activa un antifujimorismo que podría traducirse en movilización social. “El fujimorismo nunca dejó de ser una identidad política fuerte, pero también es uno de los principales factores de polarización”, explica Peña Jiménez.

El objetivo de la administradora de empresas de 51 años debería ser demostrar que su eventual gobierno representa algo distinto a la experiencia de los años 90, marcada por logros en materia de seguridad y estabilidad económica, pero también por graves denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Como señala Benavente, esta nueva etapa puede ser una oportunidad para “reivindicar su espacio político”, aunque bajo condiciones mucho más exigentes. “Hoy la sociedad es más demandante y menos tolerante a los excesos de poder”, afirma.

Carlos Meléndez, sociólogo peruano e investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, advierte a LA NACION que ese será uno de los principales focos de conflicto. “Un gobierno de Fujimori probablemente tendrá al movimiento social como principal opositor, especialmente fuera de Lima”, señala. “El sur andino ha sido históricamente un foco de resistencia y podría volver a serlo”, agrega. En un país históricamente centralista, la percepción de exclusión en las regiones podría intensificarse, alimentando protestas. “La calle va a ser un actor clave en esta etapa”, resume.

Ese escenario limita el margen de acción del gobierno incluso si logra cierta estabilidad institucional. Alejandro Godoy, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, apunta a LA NACION que, con el respaldo de fuerzas de derecha en el Congreso, Fujimori podría evitar una eventual vacancia presidencial —una herramienta que en los últimos años se convirtió en factor de inestabilidad—, pero enfrentaría dificultades para implementar políticas ante la presión en las calles. “Puede haber estabilidad formal, pero no necesariamente gobernabilidad efectiva”, advierte. “La protesta social puede condicionar la agenda”, dice, en consonancia con Meléndez.

El rol prepondertante del Congreso

Por lo tanto, el rol del Congreso será decisivo. Fuerza Popular demostró en el pasado su capacidad para incidir en la dinámica parlamentaria, tejiendo alianzas y condicionando a los gobiernos. Esa fortaleza puede convertirse en un activo para la gobernabilidad o, por el contrario, en un factor de tensión si se profundiza la lógica de confrontación. “Una recomposición del sistema político requeriría reformas y cambios en el comportamiento de las fuerzas parlamentarias, algo que hoy parece difícil”, advierte Godoy. “El Congreso ha sido parte del problema, no de la solución”, agrega.

A la par, la agenda de reformas aparece como una necesidad impostergable. El último proceso electoral dejó en evidencia las debilidades del marco institucional, desde las reglas electorales hasta la relación entre poderes. “Sin reformas, el ciclo de inestabilidad va a continuar”, sostiene Meléndez. “El sistema político peruano está agotado y requiere cambios profundos”, añade.

El armado del gabinete debería ser una primera señal en esa dirección. La propia Fujimori prometió una “convocatoria abierta” a técnicos y especialistas, en un intento por transmitir moderación y capacidad de gestión. Sin embargo, su historial de alianzas y la desconfianza de amplios sectores sociales convierten esa apuesta en una incógnita. “El gabinete va a ser una prueba de credibilidad inmediata”, apunta Peña Jiménez. “Ahí se va a ver si hay voluntad real de moderación o no”, concluye.