“El Ejecutivo está a derecho, como ha estado siempre”, remarcó Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, en la comisión de presupuesto sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
Repitió que esa ley, “al modo de ver del Ejecutivo”, incumple la Ley de Administración Financiera y la Ley de Ejecución Presupuestaria, que establece que, cuando una norma no asigna los fondos adecuados, se promulga y se suspende en el acto.
“Eso fue recurrido por el CIN y actualmente tanto eso como la cautelar están hoy en la Cámara. Salió la aceptación en queja de la apelación en Cámara de la cautelar, con lo cual el Ejecutivo está a derecho, como ha estado siempre”, apuntó, mientras aplaudían los diputados libertarios.
Hoy, la administración libertaria celebró una decisión judicial que no resuelve la cuestión de fondo, pero le da aire en su puja fiscal con las universidades. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a dos recursos de queja del Estado y habilitó la revisión de resoluciones del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, que obligaban al gobierno a cumplir con la actualización de salarios y becas universitarias (dispuesta por la cautelar) y hasta multaban económicamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no cumplirla.
La Cámara deberá determinar si corresponde ratificar ese fallo. Las resoluciones fueron firmadas por los camaristas José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán.
“Les concedieron la queja porque les habían denegado la apelación. Ya que le prestaste tanta atención al fallo que otorgó ese recurso, también prestale atención a lo que dijo la Corte, porque acá parece que lo pasaste por alto. La ley no es selectiva”, dijo Pablo Juliano, diputado de Provincias Unidas.
“Hay muchos dirigentes opositores que tienen la denuncia fácil. Yo los estoy esperando, yo no tengo ninguna notificación”, desafió Álvarez. Fue luego de la exposición del secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien, tras un breve repaso por los recursos de la educación básica y focalizando en el viraje en la política educativa hacia un gasto eficiente, focalizó su exposición en el sistema universitario. En plena disputa por el financiamiento y a pocos días de la Quinta Marcha Federal Universitaria, los dos funcionarios del Gobierno defendieron su política presupuestaria y cuestionaron la administración de los rectores, acusaron a la dirigencia universitaria y sindical de tener un “acuerdo corporativo y de casta”.
Luego de que Torrendell cuestionara la administración de los recursos de las casas de altos estudios, la dimensión del sistema y su expansión en los últimos 20 años, las cifras de matrícula informadas y el costo fiscal por cada graduado, que, aseguró, ronda los $80 millones, Álvarez apuntó contra la rendición de gastos. “No puede ser que estemos reclamando rendiciones desde 2015”, aseguró y detalló los montos adeudados. “Al lado de Andis, un vuelto”, retrucó Esteban Paulón, diputado de Provincias Unidas. “Si hubo irregularidades, individualícelas”, pidió luego Juliano.
Álvarez también cuestionó los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió para funcionar el próximo año, casi un 50% más de lo que prevé el proyecto oficial de presupuesto 2027, que contempla transferencias a las universidades nacionales por $7,7 billones, según el funcionario, con base en “gastos reales”.
“La única respuesta es que quieren todos los aumentos que quieren los sindicatos. No hay un pedido de edificación; no hay una sola carrera nueva. Piden más salario, todavía más por encima de lo que ya el Estado ha asignado. Los profesores universitarios y los docentes y no docentes universitarios están muy por encima de los sueldos del Estado nacional, con lo cual es un privilegio”, planteó.
Según el último informe de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), los salarios universitarios acumulan una pérdida real del 24,3% desde noviembre de 2023 y necesitan un aumento del 32% para recuperar el poder adquisitivo y cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla aumentos acordes con la inflación.
“¿De qué desguace estamos hablando? Terminemos con la mentira”, dijo Álvarez y desafió a los opositores a que detallen qué universidad cerró. “No hay un solo gasto que esté desfinanciado. El gobierno jamás se atrasó un solo día en el depósito de los salarios, en la asignación de los fondos, en la transferencia de los gastos”, aseguró. Minutos antes, sin embargo, había explicado que los fondos de los hospitales universitarios estaban todos asignados, pero aún no se habían ejecutado.
Pidió también que reflexionaran sobre las formas de reclamo y apuntó contra la protesta en la que estudiantes universitarios ingresaron a la Secretaría de Educación y los acusó de llamar a una “insurrección popular contra la República. “Yo los voy a escuchar todas las horas que quieran porque prefiero eso a que lleven a los estudiantes a tirar piedras y tomar edificios. Si de verdad defienden la educación, háganlo con el ejemplo. El peor ejemplo es ver a un diputado saltar a un edificio. Les pido que dejen de fomentar la violencia, dejen de romper todo y enseñen a los alumnos a pedir una reunión por la mesa de entrada, como todo el mundo”, dijo.
“Teníamos dos o tres días de paro combinados con dos o tres días de feriado. Esa es la gente que nos dice a nosotros que queremos cerrar a las universidades”, agregó.
La Fedun también repudió el rechazo a que la comunidad universitaria expusiera durante el debate del Presupuesto 2027. El pedido había sido presentado formalmente por el bloque Unión por la Patria para que participaran representantes del CIN, de los gremios docentes y no docentes, y del sector estudiantil.
“El debate hubiera sido completamente distinto y habría permitido, en tiempo real, mediar en distintas situaciones y, sobre todo, desmontar una serie de falsedades que los funcionarios han dicho, porque esconden una gran cantidad de prejuicios sobre la comunidad universitaria”, afirmó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), quien además recordó que, salvo cuando se conformó, la comisión de Educación nunca volvió a reunirse.
La reunión se tensó cuando el diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto increpó a su par de La Libertad Avanza Andrés Leone, quien, según denunció, lo había insultado. Castagneto se levantó de su banca, se acercó al legislador libertario y lo invitó a retirarse.
Ambos debieron ser separados por otros presentes y el presidente de la comisión, Alberto Benegas Lynch, interrumpió el debate para pedirles que regresaran a sus lugares.
Minutos antes, Esteban Paulón hacía uso de la palabra y le había ofrecido a Alejandro Álvarez un cuadro explicativo sobre el presupuesto del CIN. Álvarez lo interrumpió y respondió: “No. Si está hecho por vos, seguro está mal”.
