El Gobierno, a través de la Prefectura Naval Argentina (PNA), intimó formalmente a los profesionales del practicaje y pilotaje de barcos para que reanuden sus funciones de forma inmediata tras el conflicto en las vías navegables que derivó en un paro por tiempo indeterminado. La medida de fuerza, adoptada por los especialistas encargados de maniobrar las naves en ríos, pasos y canales de la hidrovía, mantiene frenado el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías.

La PNA, en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular de manera urgente. LA NACION se comunicó con la Asociación Civil Prácticos y Pilotos para consultar sobre esta intimidación gubernamental, pero indicaron que se está evaluando si harán declaraciones.

Desde la fuerza de seguridad nacional advirtieron, a través de un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial firmado por Guillermo José Giménez Pérez, Prefecto Nacional Naval, que la persistencia en la interrupción de las prestaciones dará lugar a la apertura de sumarios administrativos y a la formulación de denuncias penales en el marco de los artículos del Código Penal que castigan el entorpecimiento del transporte por agua y las acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación.

Según el artículo 190 del CP, “será reprimido con prisión de dos a ocho años el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave”; en tanto, el artículo 194 al que hace referencia la PNA marca: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

El origen del conflicto

La huelga del sector técnico se desencadenó a partir de la firma del Decreto 690/2026, una iniciativa promovida por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger. La normativa derogó la reglamentación vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial.

Entre los puntos salientes de la reforma se destaca la apertura de un registro público de profesionales administrado por la PNA, la eliminación de las restricciones de ingreso a la actividad y la libertad de los usuarios comerciales para seleccionar a sus prestadores. Asimismo, la regulación faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) para establecer techos tarifarios, y exige la publicación transparente de los costos de las prestaciones.

El texto oficial también suprimió la segmentación por tramos geográficos —que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido—, flexibilizó los traslados del personal y amplió las exenciones de contratación para determinados buques. Frente a este nuevo marco, las agrupaciones del sector resolvieron la suspensión total de tareas en embarcaciones nacionales e internacionales hasta tanto la administración central suspenda o deje sin efecto el decreto.

Fuentes oficiales indican que “el practicaje y pilotaje de un solo buque que sube a cargar a los puertos del Paraná cuesta entre US$50.000 y US$100.000, según estudios de la Bolsa de Comercio de Rosario y del propio sector portuario. El capitán que comanda ese mismo barco durante semanas de travesía gana entre US$8500 y US$12.000 mensuales. El servicio del práctico por un solo viaje equivale a más de cuatro meses de sueldo del comandante de la nave. Y el sobreprecio se repite en cada categoría: el practicaje de un buque Panamax en el Río de la Plata cuesta US$16.903, contra US$4476 en el puerto estadounidense de Everglades y US$4729 en Gdańsk, Polonia. Casi cuatro veces más caro por la misma tarea”.

Como ejemplo, el Gobierno sostiene que el caso más absurdo es el traslado del práctico hasta el buque: en Buenos Aires esa lancha cuesta US$2000, mientras que en Everglades sale US$200. Agregó que “las condiciones para habilitar esas lanchas eran más difíciles que las que se piden para habilitar un portaaviones, con el único fin de dejar afuera a cualquier competidor y cobrar lo que quisieran”.