Guillermo Antonio Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena judicial y penitenciaria. Fue el único preso que debió regresar a la cárcel de Villa Devoto pocas horas después de haber sido trasladado al nuevo complejo federal de Marcos Paz, en el marco del inicio del operativo para cerrar la histórica prisión porteña. La decisión respondió a una cuestión de seguridad vinculada con el régimen especial de alojamiento que rige para el detenido y con las disposiciones judiciales que regulan su situación. Finalmente, fue llevado al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, pero a una unidad distinta de la que recibió al 93% de la población carcelaria del centenario penal situado en territorio porteño.
Pero, ¿quién es el asesino serial conocido como “El Concheto”? La historia criminal por la que Álvarez se hizo conocido comenzó en 1996, cuando tenía 18 años. Al frente de la llamada “banda de los chicos bien”, participó de una sucesión de robos en restaurantes de Recoleta, Núñez y otros sectores de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Los establecimientos elegidos eran frecuentados por empresarios, funcionarios, políticos y figuras del espectáculo, entre ellos personas vinculadas con la administración del entonces presidente Carlos Menem.
La banda actuaba con una modalidad que generó alarma: sus integrantes irrumpían en los locales, amenazaban a los clientes y les robaban dinero, relojes, teléfonos y otros objetos de valor. Entre los restaurantes atacados figuraron Alkorta, Harry Cipriani, Chungo, Café de los Incas, La Parolaccia y Camerún. Durante las primeras semanas, los investigadores no conseguían identificar a los responsables y los asaltos ocupaban un lugar destacado en las noticias policiales.
Álvarez vivía en un lujoso chalet de Acassuso, en el partido de San Isidro. Según las crónicas policiales de la época, su apariencia cuidada, el cabello oscuro peinado hacia atrás y el aspecto de un joven de buena posición económica contrastaban con la violencia que se le atribuía. En su habitación, los investigadores encontrarían después recortes de diarios y revistas sobre los asesinatos que se le adjudicaban y sobre Carlos Eduardo Robledo Puch, el criminal conocido como el Ángel de la Muerte. La habitación se había convertido, según la reconstrucción del caso, en una suerte de espacio de culto al asesino serial.
El raid delictivo tuvo su punto más sangriento en la madrugada del 28 de julio de 1996, durante un asalto al pub Company, situado en Migueletes al 1300, en el barrio de Belgrano. Entre los comensales se encontraba Fernando Aguirre, un subinspector de la Policía Federal que había concurrido al lugar para festejar el cumpleaños de una amiga.
Cuando uno de los asaltantes se disponía a abandonar el local, Aguirre intentó intervenir y dio la voz de alto. Se desató entonces un tiroteo en el que el policía fue herido. Según la reconstrucción de los hechos, Álvarez, que estaba entre los clientes para cubrir la retirada de sus cómplices, le disparó cuando ya estaba en el suelo y luego lo remató de cuatro tiros por la espalda. Aguirre murió, al igual que María Andrea Carballido, una de las personas que estaban en el lugar.
El episodio formó parte de la secuencia de homicidios por la que fue condenado. De acuerdo con la información publicada por el portal oficial de noticias del Ministerio Público Fiscal, entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de julio de 1996 el grupo cometió un raid delictivo durante el cual asesinó a un hombre para robarle el automóvil y luego al subinspector Aguirre y a Carballido durante el asalto al pub.
El ingreso en prisión no puso fin a la violencia que se le atribuía. En noviembre de 1998, mientras estaba alojado en la antigua cárcel de Caseros, Álvarez mató a Elvio Aranda, un compañero de celda de 17 años. Según el sumario policial, lo atacó con una faca mientras dormía.
Por esos hechos recibió una condena a reclusión perpetua, con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, por robo agravado, homicidios calificados y lesiones graves, en concurso real.
La condena anulada y la espera de un nuevo juicio
La situación judicial de Álvarez tuvo un giro decisivo el 26 de agosto de 2024, cuando la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso de revisión presentado por su defensa, luego de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El tribunal anuló el juicio y los actos derivados del debate, incluida la condena pronunciada el 28 de octubre de 1999. La decisión no significó una absolución ni determinó que los hechos no hubieran ocurrido: dejó sin efecto aquella sentencia y abrió el camino para un nuevo debate oral.
A la espera de ese juicio, la defensa pidió la excarcelación de Álvarez. Argumentó que no correspondía mantenerlo privado de la libertad sin una sentencia vigente por un proceso que llevaba más de 28 años y sostuvo que, de acuerdo con su cómputo, el tiempo de privación de la libertad que debía computarse a su favor superaba los 46 años.
El pedido fue rechazado. En su dictamen, el fiscal Sandro Abraldes sostuvo que la condición de reincidente de Álvarez constituía un obstáculo para concederle la libertad condicional. De ese modo, el detenido continúa alojado en Devoto mientras se define cómo seguirá el proceso judicial.
Álvarez volvió a tener exposición pública en 2020, durante la pandemia de Covid-19, cuando fue uno de los referentes de los presos que participaron en las negociaciones con las autoridades para poner fin al motín en la cárcel de Villa Devoto. La protesta reclamaba mejores condiciones sanitarias y beneficios penitenciarios en medio de la emergencia por el coronavirus.
