CÓRDOBA.- Tucumán se convirtió en la novena provincia del país en tener una ley de ficha limpia. Fue aprobada hoy por unanimidad por la Legislatura; el proyecto lo impulsó el peronista oficialista Gerónimo Vargas. La norma inhabilita a candidatos y funcionarios con condena confirmada en segunda instancia.
Los distritos que ya tienen una ley similar son Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Córdoba. La Nación la incluyó en el marco de la reforma política que impulsa, aunque ya fracasó en su primer intento el año pasado.
Esta semana el gobernador Osvaldo Jaldo se pronunció en contra de ese proyecto del gobierno nacional, al que calificó de “traje a medida” para La Libertad Avanza (LLA), básicamente por apuntar a eliminar las PASO.
“El gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral. Mandó no sólo la eliminación de las PASO, sino un conjunto de medidas. Vienen por la eliminación definitiva de las PASO”, afirmó.
A su entender las PASO son una “herramienta de ordenamiento dentro de los partidos políticos; permite hoy que cualquier ciudadano de la provincia que quiera ser candidato legítimamente se presente y compita dentro de su espacio. Entendemos que eliminarlas es en perjuicio de todos los partidos políticos, pero fundamentalmente de los ciudadanos, porque votan y quieren participar”.
La ley sancionada por la legislatura tucumana establece que quedan impedidos de ser candidatas o de ocupar cargos jerárquicos en los tres poderes del Estado aquellas personas que tengan condenas penales por delitos dolosos, siempre que dichas condenas hayan sido confirmadas en segunda instancia. Este punto -llamado “doble condena”- fue uno de los aspectos más debatidos durante el tratamiento, ya que algunos sectores opositores vinculados a Juntos por el Cambio que impulsaban que bastara una sentencia en primera instancia.
El radical José María Canelada afirmó: “No podemos permitir que alguien condenado en primera instancia siga siendo candidato como si nada; la política tiene que estar un paso adelante en materia ética”. Y Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, planteó: “Si esperamos a la segunda instancia, la ley pierde eficacia. La sociedad nos está pidiendo decisiones más firmes contra la corrupción.”
“Tenemos que hacer una ley que sea sólida y aplicable. Si avanzamos sobre una condena que no está firme, corremos el riesgo de vulnerar garantías constitucionales básicas”, defendió Vargas.
El texto aprobado optó por un criterio más restrictivo en términos jurídicos, buscando evitar eventuales cuestionamientos de inconstitucionalidad. La norma se aplicará cuando exista una condena firme en segunda instancia por delitos considerados graves, con penas iguales o superiores a tres años.
Entre los delitos contemplados se incluyen figuras como corrupción, defraudación contra la administración pública, narcotráfico, delitos contra la integridad sexual y crímenes de lesa humanidad.
Además, el texto incorpora un elemento novedoso: también podrán quedar alcanzadas las personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios, ampliando así el concepto de “ficha limpia” más allá del ámbito estrictamente penal.
No solo alcanza a quienes pretendan competir electoralmente, sino también a quienes sean designados en cargos jerárquicos dentro del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. En ese sentido, la ley no se limita a la esfera electoral, sino que introduce un criterio general de idoneidad ética para el ejercicio de funciones públicas.
También crea mecanismos de control y transparencia. La ley prevé la implementación de registros públicos y la obligación de presentar declaraciones juradas, con el objetivo de garantizar que los requisitos se cumplan efectivamente y no queden en una mera formalidad.
Durante el debate, los legisladores coincidieron en destacar que la ley responde a una demanda social creciente por mayor transparencia y calidad institucional. En ese sentido, se la presentó como un intento de reconstruir la confianza ciudadana en la política, en un contexto marcado por reiterados casos de corrupción en distintos niveles del Estado.
