MADRID.- La sombra del 15-M, la movilización popular más grande de las últimas décadas en España, avanza sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Cientos de manifestantes acampan desde el sábado en Sol, el centro de la capital, en reclamo por una nueva política de vivienda. Quieren que intervengan en el mercado inmobiliario, especialmente para frenar la suba de los alquileres y frenar los desalojos. Es la respuesta a la indignación desatada por el desahucio de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años que fue desalojada de su casa cuando ya no pudo pagar el aumento del alquiler impuesto por un fondo de inversión.
“Ni una Maricarmen más. Señalemos a los culpables”, dice el pasacalle montado por el Sindicato de Inquilinos, el colectivo que lidera las protestas. Los manifestantes eran cerca de 1000 durante la noche del sábado, la mayoría jóvenes, los más afectados por los altos precios de los alquileres, que suben sin parar desde hace años. “Maricarmen es la gota que colmó el vaso, pero es un tema que va más allá de la vivienda. Los políticos no nos escuchan”, asegura una de las jóvenes del Sindicato de Inquilinos que habló en una conferencia de prensa improvisada ante los periodistas este domingo.
El plan de este colectivo es resistir hasta el martes, cuando el gobierno llevará al Consejo de Ministros el decreto Maricarmen, un paquete de medidas sobre el mercado inmobiliario que el socialismo está negociando con sus aliados. El Sindicato de Inquilinos reclama que se incluyan contratos de alquiler por tiempo indefinido y con precios congelados, así como modificaciones en la ley que regula los alquileres temporales y por habitaciones. También exigen la implementación de medidas anti desahucios para evitar otro caso como el de Maricarmen Abascal, que permanece hospitalizada y sin hogar.
El cuartel general de los manifestantes es una carpa naranja montada frente al despacho de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, otra de las apuntadas por los manifestantes. El gobierno nacional está a cargo de las políticas de vivienda en España, pero la aplicación queda en manos de cada distrito. Tanto Sánchez como Díaz Ayuso ya tomaron nota de este nuevo colectivo que cuenta con la aprobación generalizada de la sociedad, preocupada por el impacto sobre el nivel de vida de los jóvenes.
La carpa naranja es el epicentro de la protesta en Sol. Allí reciben donaciones y ayuda de todo tipo de productos para los manifestantes. A su alrededor, unas 100 carpas permanecen en pie, como ocurrió el 15 de mayo de 2011, más conocido como 15-M, la acampada del movimiento de “los indignados”, que irrumpió en la política española con miles de españoles descontento por la crisis económica y la falta de respuesta del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE).
“Maricarmen, tengo un mensaje para ti: el gobierno está trabajando contra reloj para llevar al martes el decreto ley de vivienda”, dijo Sánchez el domingo durante un acto partidario. “Pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad”, agregó. El líder socialista quiere aprovechar la oportunidad para volver a conectar con el electorado progresista, aunque mucho dependerá de lo que pueda lograr este martes y, luego, en el Congreso. El gobierno ya había intentado aprobar el decreto, pero falló ante los vetos cruzados de las fuerzas que integran el oficialismo.
El desalojo de Maricarmen y las manifestaciones parecen haber cambiado el tablero político: nadie quiere ser el culpable de que la política le vuelva a dar la espalda a una de las principales preocupaciones de la sociedad.
Las posiciones dentro del oficialismo están alejadas. Por un lado, la izquierda (Podemos y Sumar) reclama la congelación de los alquileres y hasta mencionan expropiaciones. Los socios más conservadores, como el Partido Nacional Vasco o los catalanes de Junts, prefieren acelerar la construcción de nueva vivienda y contener los precios con beneficios impositivos para los propietarios. Las discrepancias son grandes y el tiempo es escaso.
El PP había rechazado el decreto impulsado por el gobierno, pero es una incógnita qué posición tomará ahora, cuando las encuestas lo señalan como la principal fuerza electoral de cara a los comicios de 2027.
“El desahucio de Maricarmen es descorazonador, pero no lo usaré políticamente como el gobierno”, dijo Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares. “El problema solo se puede solucionar construyendo más de un millón de viviendas. Ahora bien, ante situaciones excepcionales como esta, tendremos que buscar respuestas excepcionales, pero este Gobierno está inhabilitado”, agregó. No hizo pública su posición sobre el decreto que se tratará este martes.
Los manifestantes están satisfechos. Contentos por haberse convertido en protagonistas de la agenda política, pero alerta sobre los próximos pasos a seguir. Debaten y plantean escenarios sobre qué podría pasar y, en cada caso, cómo podrían reaccionar desde su pequeño espacio de poder, que se han ganado en la calle. Pasaron el domingo por la tarde recibiendo el apoyo de vecinos anónimos y también de algunos famosos, como el actor hispano argentino Juan Diego Botto y el español Carlos Bardem. Antes habían dedicado varias horas para montar toldos impermeables que les permitiera protegerse de la lluvia prevista para este lunes en Madrid. Quieren resistir en las carpas, por lo menos, hasta el martes. Nadie tiene claro qué pasará después.
