La disputa por quién investiga a los verdaderos dueños de la mansión de Pilar que se adjudica a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario del fiscal Mario Villar para llegar a la Corte Suprema de Justicia con su reclamo para evitar que el caso se quede en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay, como quieren los acusados.
Ahora el fiscal Villar deberá plantear un recurso de queja para acceder directamente a la Corte Suprema de Justicia. Es un recurso más restrictivo y depende de que el máximo tribunal entienda que hay un asunto federal derivado de una sentencia definitiva o equiparable que analizar.
Se trata de un camino difícil porque la Corte no suele tratar cuestiones de competencia, pero esta es una causa excepcional donde hace diez meses se discute quién debe investigarla. De quedar firme esta decisión, el juez que eligieron los acusados se quedaría con esta y la mayoría de las causas que investigan a la AFA.
A finales de agosto de 2026, el fiscal Villar había presentado un recurso extraordinario federal y cuestionó la resolución de Casación por entender que incurrió en arbitrariedad.
Sostuvo que el tribunal consideró exclusivamente el lugar donde se ubica físicamente la propiedad de Pilar, ignorando la hipótesis delictiva integral de lavado, que se inició en la Capital Federal. Consideró que el expediente investiga una presunta red de intermediarios internacionales que incluiría sociedades fachada.
Pese a esto, el máximo tribunal penal del país, con los votos concordantes de los jueces Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, desestimó el recurso extraordinario del fiscal contra la decisión que resolvió que la investigación por presunto lavado de dinero continúe tramitando ante la justicia federal de Campana.
Villar buscaba que fuera la Corte Suprema quien decidiera en qué fuero debe tramitar el expediente sobre “la mansión de Pilar”, atribuida a autoridades de AFA, pero que en los papeles pertenece a la jubilada Ana Conte y al monotributista Luciano Pantano.
Los jueces de Casación consideraron que el recurso del fiscal no estaba del todo fundamentado. Ponderaron que, por regla, la Corte Suprema no revisa cuestiones de competencia, siendo que, además, no se trata de un caso de denegatoria del fuero federal conforme a la inveterada jurisprudencia del máximo tribunal.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal estableció que el recurso fiscal no se encontraba debidamente fundado y que, además, no se había planteado una cuestión federal que ameritase la intervención de la Corte Suprema.
En esta causa se investiga el delito de lavado de activos que, en esta interpretación, debe ser investigado por la justicia federal y no por la justicia nacional en lo penal económico.
Los jueces destacaron que la mera alegación de una cuestión de “interés institucional” no basta para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según su voto, en línea con lo sostenido oportunamente, el juez Slokar entendió que no se trataba de una sentencia definitiva.
Por su parte, el juez Barroetaveña enfatizó que las decisiones en materia de competencia no revisten, en principio, el carácter de sentencia definitiva. Agregó que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Vialidad descartó la procedencia de un planteo de similares características.
Borinsky explicó que en la anterior intervención y al votar en disidencia en el mes de mayo de 2026 (mayoría conformada por Javier Carbajo y Angela Ledesma), lo que analizó era una cuestión formal de trámite procesal (quién era el tribunal de alzada en un incidente de inhibitoria de competencia) y que ahora la cuestión era distinta, pues se discutía quién era el juez que iba a llevar adelante la investigación, y por ello se encontraba cuestionada la garantía de juez natural que justificaba su intervención.
Dijeron los jueces que Villar se contradijo, pues propició en ocasiones la competencia federal y otras la del fuero penal económico, lo que determinaba la aplicación de la doctrina de los actos propios elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual lleva a descalificar ciertos actos de las partes que contradicen otros anteriores.
Esta causa trata sobre quién es el dueño de la quinta de Pilar, que perteneció a Carlos Tévez. Es importantísima, pues el juez que investigue este caso arrastrará todas las causas de supuesto lavado de dinero y fraude ligadas con la AFA, que involucran a Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero, Pablo Toviggino. Se convertirá en el juez de la AFA.
La denuncia original es del 1 de diciembre de 2025 y fue realizada por Elisa Carrió, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, todos dirigentes de la Coalición Cívica.
Los denunciantes apuntaban por lavado de dinero a quienes aparecen como dueños de la quinta de Pilar, de cinco hectáreas, donde había canchas de fútbol, un haras, caballos árabes, un helipuerto, gimnasio, casas, quincho y parrilla y un galpón con 54 automóviles de alta gama, incluidos algunos clásicos de colección y otros deportivos último modelo. Sospechan que son testaferros de alguien más.
La quinta, que la Justicia estimó que tiene un valor de 25 millones de dólares, con los autos dentro, pertenece en los papeles a Real Central SRL, una sociedad a cargo de Luciano Pantano, exdirigente de futsal, y su madre, Ana Conte, jubilada. Su perfil económico no parece corresponderse con los dueños de la mansión.
Cuando se allanó la quinta, en su interior fueron hallados objetos con el nombre de Pablo Toviggino. Un cuadro en el que aparece con su padre, un bolso, botellas de whisky, fotos y las cédulas azules que habilitan a manejar algunos de los autos encontrados lo relacionan con el lugar.
La sospecha de la fiscalía es que la quinta es la evidencia de una maniobra de lavado de dinero obtenido mediante una supuesta administración fraudulenta de contratos de la AFA con la selección nacional. Los fondos habrían sido desviados a manos de los dirigentes del fútbol.
