El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso para su tratamiento el proyecto de ley de presupuesto para 2027. Su contenido confirma los principios y criterios con los que el gobierno del presidente Javier Milei ha venido desarrollando su política económica. Por sobre cualquier otro objetivo se privilegia el equilibrio fiscal y sobre este eje la derrota de la inflación. Este propósito sigue vigente y no parece dar lugar a otros, como una rápida reactivación o la ampliación de subsidios en un año electoral.
En la elaboración del presupuesto se plantearon hipótesis macroeconómicas realistas, lo que es plausible si se pretende evitar desfases significativos que requieran ajustes que desvirtúen lo legislado. Se asumió un crecimiento del producto bruto interno del 4%, una inflación interanual del 18% y un tipo de cambio mantenido al nivel real actual al terminar el próximo año (1847 pesos por dólar). Las exportaciones e importaciones se proyectan en 133.984 y 118.424 millones de dólares respectivamente, con un saldo positivo de balanza comercial de 15.560 millones de dólares.
El aspecto más relevante del proyecto presupuestario es el sostenimiento del equilibrio fiscal como política de Estado. De cumplirse, tal logro se registrará por cuarto año consecutivo, algo que no encuentra antecedentes en décadas. Esta conquista se propone sin apelar a un aumento de la presión impositiva, sino con ajustes en el gasto que en varios casos contradicen acuerdos o promesas que atendieron a necesidades políticas o apoyos parlamentarios. Estos focos de conflicto no se logran compensar mediante un sesgo hacia lo social en la propuesta presupuestaria. En efecto, la iniciativa propone un aumento de la proporción del gasto social respecto del económico. Ese efecto se potencia por haber conseguido que la ayuda social directa deje de tener intermediarios.
Los casos que presentan mayor conflicto en el paso por el parlamento son los relacionados con la atención de las personas con discapacidad y con los fondos asignados a las universidades nacionales. Las cifras incluidas en el proyecto para el ejercicio 2027 no resuelven los problemas de arrastre, ni en el tema de las discapacidades convalidan acuerdos preliminares que legisladores oficialistas venían conversando con sus eventuales aliados electorales. El enojo de la senadora Patricia Bullrich visibilizó esta situación.
Los fondos asignados a las universidades nacionales para el próximo año alcanzan a 7,34 billones de pesos. Son prácticamente iguales, en moneda constante, a los erogados en 2026. Inevitablemente, continuará el conflicto desatado luego del farragoso proceso de la sanción, el veto, la insistencia y la judicialización de la ley de financiamiento universitario. El conjunto de rectores reclama un monto de10 billones de pesos. Se trata de cifras más que significativas que obligan a analizar si hay caminos para que los alumnos de universidades nacionales que cuentan con capacidad de solventar sus estudios lo hagan sin cargar sobre los contribuyentes o sin restar asistencia a necesidades sociales más acuciantes. El aporte del Tesoro a las universidades nacionales presupuestado para 2027 triplica el que recibirá el PAMI, cuando la cantidad de jubilados afiliados es 2,5 veces mayor al número de alumnos de esas universidades.
Un porcentaje creciente del gasto presupuestado está dirigido a la seguridad social. Las erogaciones en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otras asistencias, crecen en términos reales en un sistema de reparto cuyos beneficiarios se incrementan a un ritmo mayor que el de los aportantes. Desde abril de 2024 los haberes previsionales se actualizan con la inflación minorista, lo que es correcto para evitar que sean los jubilados las víctimas de un desequilibrio creciente. Pero esto implica rigidez. Ya la reforma laboral determinó la canalización de aportes al Fondo de Asistencia Laboral, lo que aliviará en un futuro las prestaciones del Gobierno, pero éste los deja de percibir ahora. Se impone una toma de conciencia de la necesidad de una reforma previsional para evitar que el sostenimiento del equilibrio fiscal requiera recortes de otros gastos gradualmente más dolorosos. Las previsiones para 2027 mantienen la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, la prestación Alimentar y el Plan 1000 días, entre otros programas sociales.
Sin desmerecer la tarea ya realizada por el ministro Federico Sturzenegger, el recorrido visual de las 251 páginas del proyecto de ley de presupuesto y sus anexos permite percibir el espacio estatal remanente que aún queda por racionalizar. Aún subsisten unidades administrativas y organismos descentralizados cuyas funciones son prescindibles o privatizables. En varios casos están solventados por fondos fiduciarios que a su vez son destino específico de impuestos que fueron creados con ese fin. Esto deberá ser corregido tendiendo a lo que se denomina la universalidad del presupuesto. Es decir que se debe disponer de flexibilidad para asignar los recursos según prioridades objetivas.
Según el régimen de coparticipación federal de impuestos, los gobiernos provinciales reciben recursos tributarios recaudados por la Nación. Pero además son beneficiados por transferencias discrecionales del Tesoro. Las previstas para 2027 superarán en un 2% en términos reales a las ocurridas en el año en curso. Se podría decir que esta es una consecuencia, si se quiere moderada, de las negociaciones requeridas para el tratamiento legislativo de esta y otras leyes.
Un buen desempeño y la recuperación del nivel de actividad necesitan de un clima de confianza. La clarificación del horizonte político para después de octubre de 2027 jugará definitivamente para consolidar esa confianza. No obstante, el rápido tratamiento y la sanción de la ley de presupuesto contribuirán necesariamente a mejorarla.
