Un reciente informe de J.P. Morgan Chase ubicó a la Argentina entre las economías de la región con mayor presión impositiva y señaló que su estructura tributaria tiene efectos distorsivos sobre la actividad económica, en especial si se analizan los impuestos provinciales y el impuesto sobre los ingresos brutos.
El informe del área de investigación de la citada entidad bancaria, la más grande de los Estados Unidos, cuestiona en forma particular el impuesto a los ingresos brutos, que implica alícuotas que generalmente se encuentran entre el 1% y el 5% en las 24 provincias y grava absurdamente las distintas etapas de la cadena de producción y comercialización. En el sector bancario, el más gravado, son incluso mayores: dos tercios de las provincias aplican alícuotas entre 8% y 9% sobre los intereses totales. No permite un crédito pleno por los impuestos pagados en las instancias anteriores y, por tal motivo, el impuesto se acumula perversamente a medida que un producto avanza por la cadena económica.
Según el informe “Carga Fiscal Formal”, realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), por la forma como está diseñado el impuesto sobre los ingresos brutos -y también las tasas municipales con base de ingresos totales-, aplicando aquellas altas alícuotas en cada eslabón de la cadena, prácticamente no existen comparables entre los 30 países más relevantes, tomando el G-20 y Sudamérica.
Sin embargo, el problema no reside solo en cuánto se paga, sino en la manera en que está estructurado el sistema. Así, se cuestiona la superposición de potestades tributarias entre la Nación, las provincias y los municipios, ya que tal fragmentación genera múltiples gravámenes y regímenes que incrementan el costo de cumplimiento y afectan las decisiones de inversión.
Esta posición es coincidente con el diagnóstico que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en mayo de este año, al describir el sistema argentino como complejo, distorsivo e inestable, estimando la recaudación tributaria del gobierno nacional en aproximadamente el 27% del PBI en 2025, un guarismo muy alto para la región. Tal medición es aún más alta en el sector formal, porque está licuada por una informalidad que ronda el 45%. Es así como, para la UIA, la presión fiscal en el sector formal de la economía ascendería al 56 por ciento.
Asistimos, en resumen, a una carga tributaria excesivamente elevada y una estructura tributaria particularmente distorsiva, en la que Ingresos Brutos ocupa un lugar central. Son conocidos los efectos de este impuesto en la economía, cuyo aspecto central es la forma que grava la actividad económica de manera acumulativa, en cada etapa de la cadena productiva y comercial. El efecto cascada que penaliza las cadenas productivas configura una situación ya admitida por la OCDE en el sentido de que este tributo genera un incentivo a la integración vertical, perjudicando la competitividad, con el consecuente aumento del costo argentino.
Por otra parte, perjudica especialmente a la producción y a las exportaciones, al gravar la producción interna y las exportaciones, en razón del impuesto acumulado en las etapas anteriores que se incorporan en los costos del producto exportado.
También señaló la OCDE que el impuesto sobre los ingresos brutos actúa como una especie de barrera económica interprovincial, debido a sus diferentes alícuotas y reglas entre jurisdicciones.
Si bien determinados incentivos a la inversión, como el RIGI, pueden compensar parcialmente la elevada carga tributaria y mejorar la competitividad de proyectos de inversión, la cuestión tributaria requiere de una profunda discusión de fondo con los sectores involucrados para lograr un consenso nacional tendiente a obtener una definitiva solución.
