Todo comenzó con una denuncia anónima. Le siguieron tareas investigativas, seguimientos a distancia, la implementación de drones, tareas de vigilancia y la activación fortuita de una alarma, circunstancias que echaron luz sobre un plan criminal que pudo ser abortado a tiempo: la intentención de robar dos bancos, uno en la ciudad de Baradero y el otro en el centro de Morón, en la zona oeste del conurbano.
En las últimas horas, el juez federal de Morón Jorge Rodríguez procesó a los 12 sindicados integrantes de una banda de boqueteros que habían sido atrapados en Baradero por detectives de la policía bonaerense y de la Policía Federal Argentina (PFA) cuando pretendían concretar su plan criminal en la sucursal del Banco Provincia.
Así lo informaron fuentes judiciales. “La materialidad de los hechos descriptos, se encuentra acreditada por medio de prueba documental, testimonial y pericial. Como se puede apreciar, los eventos asociales referidos se hallan debidamente acreditados mediante la sólida estructura probatoria analizada, que no presenta fisuras que puedan hacerle perder fuerza, de modo que los injustos en su aspecto fáctico han quedado debidamente plasmado en lo que a sus ocurrencias respecta”, se sostuvo en una resolución de 55 páginas firmada por el juez Rodríguez y el secretario penal Claudio Galdi, a la que tuvo acceso LA NACION.
Entre los sospechosos procesados se encuentra Carlos Daniel Maidana, de 59 años y que hasta 1995 integró las filas de la PFA, cuando fue exonerado.
Se convirtió en “buche” de Adrián Baeta, un sargento de la policía bonaerense que tenía una relación de amistad con Diego Guastini, alias Dolarín, un contador que era el cerebro financiero detrás de las más poderosas bandas narcos que operaron en el país y que fue asesinado en 2019 después de dar detalles a la Justicia de las organizaciones para las cuales lavaba dinero o gestionaba la logística del cobro de la droga traficada.
También fue imputado colaborador como “arrepentido” en una causa que destapó un escándalo judicial en San Isidro y terminó con la carrera del poderoso fiscal Claudio Scapolan.
Maidana fue procesado con prisión preventiva al ser considerado “prima facie coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa en concurso real con el delito de tenencia ilegítima de arma de guerra”. El magistrado trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 30.000.000 de pesos.
“La denuncia anónima recibida por medio de un correo electrónico a la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires daba cuenta de la existencia de una organización criminal dedicada a planificación de robos a entidades bancarias en la modalidad de ‘boqueteros’, siendo que en este caso cometerían este tipo de hechos ilícitos en las sucursales Morón del Banco de la Nación Argentina y/o en la sucursal Baradero del Banco de la Provincia de Buenos Aires”, según se desprende del expediente judicial.
En la investigación intervino el fiscal federal Sebastián Basso y el juez Rodríguez tuvo la colaboración de detectives de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Delegación Unidad Operativa Federal (DUOF) Morón de la PFA.
Cuando fueron detenidos, a mediados del mes pasado, los boqueteros, según se desprende del expediente judicial, tenían todo listo para irrumpir en la sucursal del Banco Provincia de Baradero.
“Corresponde también señalar que en el caso de autos el delito ha quedado en grado de tentativa ya que al momento en que se activó la alarma sonora instalada en la ferretería [comercio lindero a la sucursal bancaria] y la casa situada sobre calle Boedo, consecuencia del acceso al lugar Pablo Quiñones [uno de los procesados], y tras recibir la alerta del silbido de uno de los integrantes de la banda, a consecuencia del cual abordaron los rodados para iniciar la marcha, el personal policial llevó a cabo sus interceptaciones y en definitiva sus detenciones”, explicaron el juez Rodríguez y el secretario Galdi en la citada resolución.
Los sospechosos tenían “dentro de su esfera de custodia distintos elementos destinados a la irrupción mediante la rotura de paredes o concreto o el forzado de puertas de la sucursal bancaria”.
Para el juez, según afirmó al fundamentar el procesamiento de los sospechosos, no hay dudas de que el plan criminal era concretar el robo bajo la modalidad “boquetera”.
“Por otra parte la dueña del comercio de ferretería, que es el lugar que detonó la alarma, también se hizo presente y propició el acceso de la prevención, constatando que uno de los ángulos del techo estaba hundido y en el piso había vestigios de material de la rotura del techo”, según se afirmó en la citada resolución.
Entonces, el juez Todríguez y Galdi explicaron: “No resulta menor señalar que se ha incautado gran cantidad de máquinas y herramientas de trabajo, mochilas con ropas, armas, guantes de trabajo, como así también que con base en las averiguaciones que se fueron llevando a cabo en autos, existen elementos de prueba suficientes para presumir fundadamente en que los encartados se hallaban en la ciudad de Baradero con el único fin de llevar a cabo el planeado robo del banco”.
En su momento, tras las detenciones de los sospechosos, fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense habían informado que el plan de asaltar la sucursal del Banco Nación situada en la avenida Rivadavia al 18.000, en Morón, fue denominada por la banda como Robo al Tesoro y contemplaba la “sustracción de lingotes de oro, dólares y vaciar las cajas de seguridad”. Los “boqueteros” pensaban ingresar en el banco por dos locales linderos, una zapatería y una playa de estacionamiento.
Uno de los procesados con prisión preventiva, Wilmar Antonio Pedraja Fernández, es de nacionalidad uruguaya. Hasta su detención vivía en Ezpeleta, en Quilmes. Dijo ser albañil y herrero. Tiene 53 años.
Hace cinco años y un mes, el 15 de junio de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°5 de La Plata lo condenó a la pena de tres años y medio de cárcel al encontrarlo culpable de los delitos de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada y uso de documento falso.
Ahora, el juez Rodríguez lo procesó como “coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa”. Fuentes policiales, tras su detención, lo definieron como “un artesano del boquete”.
De las 12 procesados, cinco fueron liberados al no dictarse su prisión preventiva. Podrían llegar a un eventual juicio en libertad.
“La jurisprudencia ha dicho que integran la banda aquellas personas que tomen parte en el ilícito, ya sea realizando actos de ejecución del tipo penal o prestando a estos un auxilio o cooperación sin la cual no habría podido cometerse”, se explicó en la resolución donde se procesó a los imputados.
