Faltaba poco más de una hora para la medianoche del martes, cuando la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, recibió un llamado desde el puesto de Migraciones en Puerto Iguazú. Era para informarle que Flavio Bolsonaro y su familia estaban allí para ingresar a la Argentina. Pese a que había un operativo reservado montado por el Gobierno para facilitarle la partida, la funcionaria desconocía esos movimientos, que incluían a efectivos de fuerzas a su cargo. Llamó a Javier Milei para ver cómo actuar, y el Presidente, que sí estaba al tanto de la maniobra, le dio su aprobación. Nadie además de él, Santiago Caputo, y quizás Karina Milei, estaba en conocimiento del dispositivo que se había montado.

La fuga del fallido candidato presidencial fue gestada desde EE.UU. por el Departamento de Estado en conexión directa con Bolsonaro. La Argentina habría entrado en el circuito como un actor complementario por requerimiento del senador brasileño, quien consideró riesgoso huir por un aeropuerto de su país y optó por la salida a través de Iguazú.

Si bien en el Gobierno aseguran que no hubo un pedido de participación del jefe de la diplomacia, Marco Rubio, lo cierto es que el avión que sacó a Bolsonaro fue contratado por un broker norteamericano, presumiblemente con fondos de la CIA (aunque se cuidaron de que fuera de matrícula argentina). En esa gestión se asomó Caputo. EE.UU. intentó no dejar los dedos marcados, aunque algunas huellas quedaron. También quiso dejar en claro que no consideraba ilegítima la reelección de Lula y que Bolsonaro no era el “presidente electo”, por eso le ordenaron enmendar su carta. Washington y Brasilia siguen administrando sus diferencias por vías diplomáticas.

El gobierno argentino también hubiese querido pasar inadvertido, pero la operación dejó evidencias en todas partes. De hecho hasta ahora cuando algunos ministros le preguntan a Caputo si efectivamente él intervino en el operativo, les responde que no puede ni confirmar ni desmentir. “Misterio”, es su nuevo término fetiche.

La maniobra fue íntegramente organizada por Caputo, por pedido expreso de Milei. Un conocedor de ese vínculo, dice que la movida es un ejemplo de “cuando los dos entran en relación simbiótica”. Ambos estuvieron en fluido contacto con el entorno de Bolsonaro en las horas decisivas; presumiblemente también con el Departamento de Estado. No se trató de un operativo orgánico de la SIDE. En ese caso, por ejemplo, Bolsonaro no hubiera ingresado con su pasaporte y no hubiesen quedado rastros de su paso.

Caputo se valió de actores de confianza que incluso dentro de organismos oficiales como la EBY (Entidad Binacional Yacyretá), Migraciones o la PSA (Policía de Seguridad Aeroporturia) le responden a él. Movió los hilos como un monotributista con acceso a los resortes del Estado. Pero hubo problemas.

El gran interrogante es por qué se demoró 20 horas la salida de Brasil de Bolsonaro, postergación que dejó el avión contratado en pista como un señuelo, y a Caputo girando por Iguazú a la vista durante horas. En el Gobierno hay más de una hipótesis. Unos aducen que todo se originó porque el piloto del avión comentó que él sabía que la persona que debía transportar era Bolsonaro, y eso activó alarmas y atemorizó al senador, que entró en pánico. Otros sostienen que el obstáculo fue operativo, por las dificultades para contratar un servicio que aceptara llevarlo con su familia y sus pertenencias desde Brasilia hasta Iguazú. Las dudas que generaba su situación judicial conspiraban en contra.

En la Casa Rosada están convencidos de que la administración de Lula Da Silva hizo la vista gorda para facilitar el escape. “Es absolutamente imposible que haya atravesado 1600 kilómetros sin que se entere la ABIN (Agencia Brasileña de Inteligencia)”, explica un entendido en la materia. En Brasilia se muestran prescindentes y plantean que se trata de un problema entre la Justicia y Bolsonaro, quien pudo salir del país simplemente porque en el lado brasileño de la Triple Frontera nunca hay controles.

Por eso llamó la atención cuando el jueves Itamaraty convocó a la encargada de Negocios argentina, María Emilia Cortés, al frente de la embajada, para “recabar información sobre lo que pasó”. Fue un movimiento en sentido contrario a la idea de la no intervención política en el caso. Reconocen también que el ingreso a la Argentina fue legal porque no se había emitido una cédula roja de Interpol.

Para el Lula de los milagros la huida de Bolsonaro fue un alivio. Había quedado en una posición muy incómoda cuando el polémico juez Alexandre de Moraes ordenó el retiro de pasaportes del candidato del Partido Liberal, apenas minutos después del escrutinio. “Fue un error, se excedió por sus ansias de protagonismo”, se despegan en el gobierno brasileño, sabiendo que es un magistrado que está identificado con ellos. Pero ese error quedó disimulado por la fuga de Bolsonaro, a su entender, porque demostró que no podía enfrentar a la Justicia.

También para la derecha brasileña fue un respiro la partida del senador. Fue notable cómo los actores se reacomodaron rápidamente a la nueva situación, con el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, como bastonero, y Michelle Bolsonaro (esposa de Jair, distanciada de sus hijos), como figura emergente. Con ella posó el martes el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, sin que se les notara pesar por la derrota.

Recebi hoje a senadora eleita Michelle Bolsonaro (@Mi_Bolsonaro) para uma conversa sobre o futuro do nosso partido e os desafios que temos pela frente. Seguimos unidos, com diálogo, responsabilidade e compromisso com o Brasil. pic.twitter.com/mK7fvvvtp7

— Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) October 27, 2026

En cualquier caso, el de Bolsonaro es un antecedente que profundiza la peligrosa percepción de que en América latina el poder y la libertad son sinónimos, y de que la derrota puede ser el camino a la prisión. Lula, Cristina Kirchner, Jair Bolsonaro, Álvaro Uribe (Colombia), Jeanine Añez (Bolivia), Ollanta Humala (Perú), Pedro Castillo (Perú), Alejandro Toledo (Perú), Ricardo Martinelli (Panamá), son casos de los casos de los últimos años, de distinta ubicación en el espectro ideológico. ¿Creció el nivel de corrupción en el poder? ¿Hay una mayor politización de la Justicia? ¿O solo menos consideración institucional? ¿La fragilidad política del llano se transformó en una condena?

Síntomas de disgregación

El desconcierto de Monteoliva en la noche del martes refleja algo más que las consecuencias de un operativo encubierto, que quizás justificaba su desconocimiento. Es un mínimo retrato de un nivel de descoordinación interna que se ha profundizado en las últimas semanas y que tiene preocupados a importantes actores del Gobierno. Hay una percepción de los propios funcionarios de que conviven agendas superpuestas y contradictorias, que se anulan entre sí. Como si se tratara de una orquesta en la que cada músico toca una partitura diferente, sin un director que intervenga.

Luis Caputo repite a los gritos que necesita un acuerdo con los gobernadores para dar señales de gobernabilidad y reducir la incertidumbre política. Karina Milei dice que está de acuerdo pero no a cualquier costo. Diego Santilli rema desde hace meses con los mandatarios provinciales para suspender las PASO (asegura tener los 37 votos en el Senado para aprobarlo tras la visita del Papa, incluyendo un sistema de adhesiones), pero los Menem les disputan el territorio a esos mismos interlocutores. Por eso hay varios que creen que la suspensión de las primarias está definitivamente caída. Santiago Caputo se embandera con el proyecto Malvinas, pero Martín Menem no disimula su desinterés. Patricia Bullrich, cuyos gestos de diferenciación alientan la dispersión interna, dice que hay que activar rápidamente la economía, mientras Milei no hace más que reafirmar que no va a cambiar el rumbo (esta tensión se agravó esta semana cuando se bajó la orden en la Casa Rosada de marcarle la cancha a la senadora, ante señales de que Milei está menos paciente con el tema). Incluso en las últimas semanas empezaron a surgir diferencias dentro de las distintas tribus, fricciones hacia el interior del caputismo y también en el karinismo. Internas dentro de las internas. Una polifonía desafinada.

Hay una dificultad organizacional de fondo que parte del hecho de que el Gobierno nunca pudo volver a constituir un orden interno después del replanteo ministerial de hace un año. El karinismo absoluto se debilitó con el affaire Adorni, y lo que sobrevino después fue la multiplicación de los espacios de decisión. Hay una mesa económica, que Milei comparte con Luis Caputo y Santiago Bausili, pero en el que después talla reservadamente Federico Sturzenegger. Sobrevive la mesa política de los martes, que se fue ampliando tanto que cada vez resuelve menos. Después hay una mesita ratona karinista, que reúne a la hermana presidencial, Santillli y los Menem, aunque ahí también empezaron a haber diferencias fuertes. Y por si hiciera falta están las reuniones de Gabinete. El resto de los actores orbita como puede. Milei interviene solo en los temas de su interés o en situaciones extremas; el resto está delegado en Karina, que a su vez requiere muchas veces de la validación de su hermano.

Pero al desorden de la arquitectura operativa se sumó últimamente una variable política que ahondó los problemas: la profunda inquietud por la falta de resultados del plan económico, que lleva a que algunos actores importantes empiecen a desconfiar en el horizonte de reelección y, en consecuencia, comiencen a priorizar sus propios objetivos personales. En las entrañas del poder transita una extraña impresión de sentido colectivo extraviado, que Milei trata de subsanar en cada una de sus intervenciones. Es casi lo opuesto a lo que se ve en las redes sociales, donde rige una disciplina casi camporista con el discurso presidencial.

Aun en este contexto de dispersión, en las últimas semanas empezó a evidenciarse un intento de reacción del Gobierno en su mensaje económico. Detrás de algunas actividades y discursos emergió una terminología inusual en el vocabulario libertario, como “producción” o “pymes”. Es parte del esfuerzo de Luis Caputo por mostrarse activo frente a los cuestionamientos por la falta de reactivación. En sus incursiones cuenta como socio a Santilli, con quien ha hecho una dupla dinámica. Claro que el ministro de Economía debe moverse dentro del escaso margen que le deja liberada la ortodoxia de Milei.

Su foco ahora está puesto en mostrar que los sectores más dinámicos, en particular la energía y la minería de la cordillera y la Patagonia, pueden generar un derrame positivo sobre otras industrias y regiones. En los últimos meses les pidió insistentemente a las principales compañías de esos rubros que comuniquen lo que hacen, que expliquen cuánta gente emplean, cuántas pymes contratan. Busca que los privados exitosos se transformen en difusores del modelo. En este marco se organizó la visita de Milei y sus funcionarios al yacimiento en Catamarca que explota la empresa Río Tinto. Es parte del RIGI tour que llevará al mandatario por nueve provincias.

Este esfuerzo tuvo una puesta en escena visible el jueves en Rosario, en donde Economía promovió, y la provincia de Santa Fe organizó, un encuentro con la participación de los gobernadores mineros y los de la zona núcleo del país, donde operan importantes industrias proveedoras. Sorprendió allí Karina Milei con un mensaje curiosamente productivista: “Queremos lograr un win-win, porque como me gusta decir, acá tienen que ganar todos, las grandes empresas mineras, y también las pymes argentinas”. Un mensaje inédito, por el tono y por la vocera.

En el fondo subyace el cuestionamiento de los industriales de que el RIGI termina beneficiando más a los trabajadores chinos que proveen los insumos para las mineras, un déficit que escaló cuando se supo que para el proyecto Vicuña se importaría un campamento modular de altura desde Pekín. Pero según el Gobierno, el 82% de la mano de obra que se genera con este régimen es local, y en 20 provincias hay proveedoras de los beneficiarios.

En cualquier caso, es un tipo de discusión que hasta ahora estaba ausente y que refleja una demanda sostenida en sectores industriales: que la gestión libertaria se involucre en la administración de la transición del modelo económico, y no se quede amparado en el discurso de que todo es cuestión de los privados; que se puede incidir con acciones que no afecten el equilibrio fiscal.

Es una llamita que el Gobierno quiere mantener viva para poder ingresar al año electoral con expectativas. Ni los más optimistas prevén un repunte económico notable en 2027, pero por lo menos aspiran a mantener una medianía con ilusión. Milei tendrá un desafío mayúsculo el año próximo en su intento por continuar en el poder.