El Poder Ejecutivo se propone, por segunda vez desde que La Libertad Avanza llegó al Gobierno, modificar las reglas de juego electorales.
Desde este espacio editorial hemos venido reclamando con insistencia la incorporación de la llamada ley de ficha limpia para que se impida acceder a una candidatura electoral a condenados en segunda instancia judicial por delitos contra la administración pública y dolosos. También, que se regule el financiamiento partidario. Sin embargo, pareciera hasta el momento que esos temas no lideran las negociaciones que se están llevando a cabo entre oficialismo y oposición, lo cual representa un grueso error de cálculo de quienes en los discursos se jactan de la necesidad de terminar con la impunidad y de transparentar los procesos electorales, pero en los hechos siguen manteniendo un inaceptable statu quo.
La indispensable sanción definitiva de la ficha limpia no debería quedar condicionada a la aprobación de otras cuestiones en materia electoral sobre las cuales no existe suficiente consenso entre las fuerzas, tales como el futuro de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el gobierno de Javier Milei aspira a derogar.
Hemos insistido también en la necesidad de que cambios como este último se produzcan en años no electorales -como el que transcurre- y que comiencen a regir pasada la elección inmediata, de modo de no contaminar el debate con las urgencias político-partidarias.
Ni el Congreso ni el Gobierno han sido pensados para oficiar como guaridas que garantizan fueros o protección política a delincuentes. Lamentablemente, es lo que se advierte en muchísimos casos que la ciudadanía hoy reconoce muy bien y deplora. Tampoco resulta admisible la “contabilidad creativa” que ejercen no pocas fuerzas políticas a la hora de rendir cuentas sobre su financiamiento. Las reglas deben ser claras y las sanciones, ejemplares.
Han transcurrido ya demasiados meses desde la presentación del proyecto de reforma electoral en abril pasado y la discusión parece subsumirse hoy a cuál será la suerte de las PASO, comicios costosísimos para el erario público, cuya misión inicial se ha desvirtuado hasta convertirse en una encuesta preelectoral que, hecha con tanta anticipación a las elecciones generales, puede dar lugar, incluso, a la posibilidad de que un resultado favorable a un candidato opositor deje a un presidente en ejercicio en una prematura situación de vulnerabilidad, como sucedió en 2019.
Es sabida la intención del Gobierno de derogar las PASO. Hoy no cuenta con los votos suficientes. Deberá negociar con quienes quieren suspenderlas o mantenerlas, pero quitándoles la obligatoriedad de la concurrencia a las urnas. En todo caso, el debate no debería ser moneda de cambio para otras cuestiones que también requieren ajustes.
Otro tema contenido en el proyecto oficial, que no puede soslayarse, es el endurecimiento de los requisitos para otorgar la personería jurídica a los partidos políticos. De sancionarse la reforma a su ley orgánica, las agrupaciones distritales deberán contar con afiliaciones no inferiores al 0,5% del padrón. Para ser reconocidas como partido nacional, deben lograr la personería en al menos diez distritos, lo que duplica la exigencia actual. Y aquella caducará si las agrupaciones no alcanzan el 3% del padrón en dos elecciones sucesivas. En la actualidad, pierden la personaría si no superan el 2% en iguales condiciones. Se persigue con esas medidas evitar que continúe la enorme proliferación de partidos que hoy existen en todo el país sosteniendo su vigencia no a fuerza de representación, sino por pasar a formar parte de alianzas circunstanciales o sobreviviendo como oportunistas “sellos de goma”.
Ayer, liderada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunía la mesa política del Gobierno con el fin, entre otros temas, de evaluar la reactivación de los contactos entre La Libertad Avanza y Pro con vistas a los próximos comicios. El Congreso oficiará seguramente como laboratorio principal de esos acercamientos retomados a partir de una conversación telefónica mantenida recientemente entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el expresidente Mauricio Macri. Crece también la aproximación a gobernadores para que habiliten a sus legisladores nacionales a apoyar con su voto las iniciativas oficiales que trascienden la reforma electoral, como la ley de presupuesto, la de inocencia fiscal y la reforma del Banco Central.
Estamos ante una nueva oportunidad para “fortalecer la democracia, aumentar la representatividad, transparentar el régimen de financiamiento de los partidos políticos y establecer un marco suficiente que asegure de forma efectiva el ejercicio de derechos electorales por parte de los argentinos”, tal como se afirma en la presentación del proyecto de reforma electoral. Un objetivo loable que demanda ser concretado sin más demoras.
