Buenos Aires, 19 agosto (NA) — Luego del plenario de comisiones de este miércoles en el Senado, que contó con la presencia de especialistas invitados que cuestionaron duramente el proyecto de Súper RIGI por su potencial impacto ambiental, el oficialismo intentará avanzar la semana que viene con la firma del dictamen de mayoría.
Así lo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes del oficialismo en la Cámara alta, que admitieron que sectores dialoguistas pidieron algunos retoques puntuales al texto en el marco de la reunión conjunta de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversión y Legislación General.
Para la semana que viene está prevista una última ronda de expositores, a cuyo término se pasaría a la firma del despacho.
Durante la jornada de este miércoles en el Salón Azul del Senado, los expertos invitados embistieron contra la iniciativa del Gobierno, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde el 24 de junio.
El “Súper RIGI”, un instrumento diseñado por el Ministerio de Economía para captar mega inversiones en nuevas industrias de frontera tecnológica, como energías renovables, biotecnología e inteligencia artificial.
Comprende abundantes exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.
Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.
A estas industrias se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.
A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Súper RIGI tiene un plazo más largo de 5 años y uno extra de prórroga.
Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI, que excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura, y además excluye a proyectos preexistentes ampliables.
LAS EXPOSICIONES
El director de Economía de la Fundación Fundar, Guido Gak, alertó sobre la dilapidación de recursos a largo plazo de estos proyectos:
“El consumo de agua y energía de un centro de datos, por ejemplo, no ocurre el día uno, sino después de los 30 años que dura este régimen”, advirtió.
Según dijo, “es necesario que haya un control periódico anual de cumplimiento ambiental de consumo hídrico y energético auditado y publicado en el registro público”.
Por su parte, la ex secretaria de Innovación Pública de la Nación y presidenta de la ONG Géneras, Micaela Sánchez Malcolm, puso el foco en la falta de precisión del marco regulatorio.
“La necesidad de inversión está clara; lo que no queda claro son las condiciones que se exigen y cuáles son los eventuales efectos”, indicó.
Y agregó que “los centros de datos requieren tres cosas: la tierra, la electricidad y el agua”.
Señaló que en términos de creación del empleo, el impacto es bastante limitado, ya que solamente movilizan trabajo durante la etapa de construcción y después los data centers funcionan con una dotación reducida de empleados y colaboradores.
La directora de Relaciones Institucionales de CEPPAS, Florencia Gómez, puso el foco en los impactos acumulativos ambientales en provincias postergadas del Interior del país.
“En Catamarca y La Rioja hay barrios que carecen de la suficiente presión de agua. No sabemos cuáles van a ser los impactos acumulativos ambientales. Se está por legislar de aquí al 2056. Yo voy a tener 78 años. Vamos a tener que venir con bastón a analizar los efectos de esta norma”, lamentó.
A su turno, el presidente de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas, Enrique Viale, lanzó duras críticas por el potencial impacto territorial y la cesión de soberanía:
“Habrá crisis hídrica, crisis energética y crisis sobre los territorios. Son las tres cosas que entrega el Súper RIGI. 30 años son siete mandatos presidenciales. El que adhiera a este Súper RIGI tendrá una especie de Constitución, una especie de cláusula pétrea que podrá reclamar como está haciendo ahora Peter Thiel en Honduras. No es una fantasía ni es de serie distópica”, subrayó.
“Cuando se quieran modificar esas prerrogativas totalmente irracionales que se dan acá, tendremos que ir a Washington. Un juez de Estados Unidos decidirá sobre nuestros ríos, nuestras montañas y nuestros territorios. En el año 2050, un pueblo de la Patagonia con problemas de suministro y hay un data center cerca: la prioridad, según el Súper RIGI, la tendrá el data center”, profundizó Viale.
Y agregó: “¿Saben cuánto empleo da un data center? En Estados Unidos está demostrado: 30 o 40 puestos de trabajo una vez en funcionamiento. El equivalente a un supermercado medio. Es decir que vamos a sacrificar nuestra patria, nuestra agua, nuestra energía y nuestro territorio por 20 o 30 puestos de trabajo”, siguió.
Según señaló, en Irlanda y en Estados Unidos pusieron limitaciones y “por eso están buscando estos lugares como zonas de sacrificio”.
“Es un escándalo entregar zonas de sacrificio en el altar de Peter Thiel. No lo vamos a permitir como pueblo, y menos para una economía de enclave, sin encadenamiento productivo. Este es el Congreso de la Nación. No podemos legislar para un tipo. Necesitamos más Gandalf y menos Peter Thiel”, remató.
Finalmente, la doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet Luciana Ghiotto cuestionó la falta de una política industrial estratégica y la falta de precisiones sobre las actividades a las que se apunta a favorecer con este régimen.
“El Súper RIGI no es una mejora técnica del RIGI original, sino que profundiza algunos de los riesgos más graves que ya fueron discutidos en la Ley Bases y que hoy volvemos a visitar. El Súper RIGI entrega un cheque en blanco a sectores que aún no existen. La ley de Súper RIGI plantea nuevas industrias, pero no tenemos claro cuáles son esas nuevas industrias”, indicó.
“Durante los próximos 6 años, sectores nuevos de la economía que no sabemos todavía cuáles son pueden venir a inscribirse y hacerse cargo de estos beneficios e incentivos que está dando la ley de Súper RIGI. Esto no es una política industrial seria”, insistió Ghiotto.
Agencia NA
