Un clima espeso y enrarecido emana del poder.
Alrededor del Presidente se respira una atmósfera viciada en la que el odio parece ser un sentimiento dominante. Eso tiene efectos prácticos: rige, en la galaxia oficialista, una convocatoria tácita a “marcar” disidentes, a ejercer una vigilancia sobre el discurso público. Se incentiva una especie de delación; se premia el señalamiento de personas por algo que dijeron o dejaron de decir. La forma de lograr un “like” o un aval del jefe de Estado no es con una propuesta o una idea, sino haciéndose notar en X con la descalificación de alguien, con un agravio o una réplica dirigidos a un “enemigo” seguro. El líder se regodea en ese juego: celebra al que individualiza un “culpable”, al que “desenmascara” a un “enemigo”. Él se encarga de ejecutar el linchamiento en las redes y de practicar el bullying de Estado; un ritual de humillación que incluye el insulto desbordado, la burla despiadada, el sobrenombre brutal. Es una lógica que no es nueva, pero luce exacerbada. Y que genera, hacia abajo, una mezcla de perturbación y estupor que afecta la convivencia.
“Mire lo que me dijeron, señor Presidente, por elogiarlo a usted…” “¿Vio lo que escribió Fulano?” “Podrían haber reconocido esto, pero no lo hicieron…” Lo que le acercan, en realidad, son recortes, fragmentos de entrevistas, declaraciones aisladas, interpretaciones amañadas o directamente chismes. En general, es material “procesado” con la lógica de las redes. El Presidente -según fuentes del Gobierno- no lee diarios ni evalúa por su propia cuenta contenidos completos, salvo textos de la Torá o de determinados autores de teoría económica: lo que consume, en materia informativa, son posteos a través de un scrolleo infinito al que sí le dedica mucho tiempo. Según supimos en los últimos días, también alienta que le vayan a contar diálogos privados con periodistas. “Reporté una frase que no me gustó”, llegó a reconocer un economista al que el Presidente citó en varias intervenciones públicas como receptor de un insulto que nunca existió. Invita a la autocensura, a cuidar, incluso, lo que uno dice en una conversación informal y reservada. Cualquiera puede ser “reportado”; un verbo policíaco que se ha incorporado a la práctica política.
Se fomenta, en definitiva, un clima sofocante en el que cualquier frase o comentario crítico, incluso una palabra sacada de contexto, pueden convertirse en motivo de un atropello presidencial: no de una contestación, incluso airada, sino de un adjetivo soez y desmesurado, un ataque frontal y un escarnio público.
El mecanismo está inoculando dosis de malestar e incomodidad que fluyen por canales subterráneos en distintos estamentos sociales. Cuando se premia el señalamiento y se practica el agravio, una especie de veneno imperceptible empieza a corroer pilares básicos de la convivencia. En muchos sectores ya se mira de reojo quiénes se callan ante el ataque presidencial, quiénes festejan o justifican, quiénes alimentan y hasta incentivan esas reacciones, quiénes eligen el confort del silencio y quiénes asumen el riesgo de solidarizarse públicamente con las víctimas del atropello. En definitiva, empieza a ocurrir algo que es típico de los regímenes con componentes autoritarios, donde la crítica, el matiz o la simple diferencia pueden entrañar un peligro, y donde mantener la dignidad pública exige cuotas adicionales de coraje.
Las propias víctimas quedan muchas veces descolocadas: ¿cómo se reacciona ante el ataque personal de un jefe de Estado? No hay manuales ni certezas. Por supuesto que la templanza, la frialdad y la elegancia siempre son buenas aliadas, pero es inevitable sentirse mortificado frente al golpe bajo y a un lenguaje que no solo transgrede las reglas de la educación y el buen gusto, sino que destila una violencia y una rabia que bien podrían justificar el temor en aquellos que resultan destinatarios de ese desenfreno.
La “ametralladora” digital de agravios presidenciales remite a un abuso de poder, pero también a la actitud de esconderse detrás de la investidura: Milei no desconoce, por supuesto, la absoluta falta de equivalencia entre su figura, ungida por el poder del Estado, y la de los ciudadanos comunes que son blanco de su destrato y su ira.
El solo paso del Presidente por un ámbito institucional suele dejar una estela de resentimiento que nadie registra públicamente, pero que genera divisiones y fracturas como las que, en su momento, fomentaba el kirchnerismo en espacios intelectuales, políticos y hasta familiares. ¿Qué pasa, por ejemplo, después de que Milei va a una escuela e incentiva a los alumnos a abuchear a un determinado sector de la sociedad y asocia a una corriente ideológica con “satanás”? ¿Qué ocurre después de su paso por una exposición rural en la que aprovecha una entrevista para “escrachar” a alguien que no puede defenderse? ¿Qué se produce en un encuentro empresario en el que irrumpe con reproches destemplados y afirmaciones ofensivas contra instituciones o personas? El Presidente se va, pasa inmediatamente a otra cosa, pero en esos lugares queda una fisura. No hay un índice que registre el nivel de ese malestar, pero basta acercarse con un oído atento a sectores empresarios, institucionales, judiciales o profesionales para percibir esas divisiones y recelos que se potencian en este ecosistema político. Un ejemplo: “en la ORT se instaló un clima muy tenso después de la visita del Presidente; muchos padres quedaron ofendidos con las autoridades; varios docentes terminaron en una posición incómoda ante los alumnos; hubo un debate que no quedó saldado entre los que proponían tomar distancia y los que impusieron la opción de no decir nada”, comenta, off the record, un miembro de esa comunidad. Lo resume así: “la escuela quedó partida”.
Hay otro efecto que produce “el método” presidencial: muchas personas se radicalizan. Abandonan la moderación y hasta la cortesía para asumir un lenguaje desaforado, hiriente y burlón. Ese código pasa a ser rentable para sobrevivir en el poder o acceder a él. “Marcar” al enemigo es un camino, pero sobreactuar la agresividad también resulta indispensable. Todo remite a una fase superior de la obsecuencia: no alcanza con adular al jefe; hay que alimentar sus arrebatos y su furia; hay que esforzarse por odiar lo suficiente.
En ese clima, no hay espacio para los matices. La realidad se lee con brocha gorda y el mero reparo puede ser suficiente para que caiga, fulminante, la declaración de enemigo. Se naturaliza un discurso que no solo rompe pactos de convivencia, sino que manipula los datos y aniquila la precisión: un pedido de juicio político sin ninguna posibilidad de prosperar se convierte en un intento de golpe de Estado; un incidente migratorio equivale a una infiltración terrorista. El debate público no solo pierde mesura, sino racionalidad.
Aparece, entonces, un peligro adicional. Sectores de la oposición kirchnerista, que ya arrastran un prontuario en materia de convivencia y pluralismo, proponen una mayor crispación: “a loco, loco y medio”, se exalta un diputado como Juan Grabois, que ha hecho del patoterismo y la violencia física un método de acción política.
La Argentina parece retroceder, entonces, a una suerte de primitivismo democrático. Aquel kirchnerismo que se regodeaba en la descalificación del otro empieza a mirarse en el espejo del mileísmo, con el afán de no quedarse corto. Cambia el diccionario de agravios y estigmatizaciones, pero se vuelve a caer en el atropello, la intimidación y la vigilancia.
Si no se mira desde una perspectiva moral, sino estratégica, la desmesura presidencial podría tener, además, un costo electoral para el propio oficialismo: espanta a sectores de la sociedad que apoyan la orientación central de su gobierno. Fuerza el distanciamiento de amplios núcleos moderados que están de acuerdo con las políticas de equilibrio fiscal, de desregulación y racionalización del Estado, así como de orden en el espacio público, desintermediación de la asistencia social y modernización laboral. No están dispuestos, sin embargo, a convalidar un salvajismo dialéctico que excede, por supuesto, la mera cuestión de formas para provocar una degradación del tejido institucional.
Hay que prestar atención a los datos de una encuesta de QSocial, de Lucas Klobovs: solo el 19% integra lo que se denomina el “núcleo emocional” de Milei, el que siente una identificación fuerte con el Presidente, comparte valores y siente orgullo y simpatía personal por él. Más del 80% se reparte en un universo que mantiene distancia emocional: oscila entre el rechazo frontal y sostenido (35%), una zona gris (29%) y un acompañamiento por resultados, no por convicción (17%). La ráfaga de insultos de los últimos días tiene, según varios encuestadores, un impacto negativo en ese universo que apoya, pero con reservas.
La intensidad con la que el Presidente se entrega a los insultos a través de X sería un indicador de otro dato que muchos analistas miran con atención: su discurso aparece cada vez más encapsulado en la conversación de redes sociales, en particular en la ex Twitter, un micromundo en el que solo participan minorías urbanas y que, según estimaciones del sector tecnológico, llega a menos del 20 por ciento de la población, de acuerdo con los datos que la propia red proporciona a potenciales anunciantes. Frente a una sociedad angustiada por urgencias cotidianas, el parloteo agresivo del Presidente expresa cierto desacople con las preocupaciones centrales de la ciudadanía.
Esa desconexión se combina con otro dato que empieza a percibirse alrededor de la violenta retórica presidencial: genera fatiga y anestesia. A fuerza de repetición, el agravio cansa y deja de indignar. Se incorpora como una especie de ruido de fondo, al que cada vez se le presta menos atención. Pero lo que ocurre es que la sociedad se retira de la discusión, y ese repliegue no solo empobrece el debate: socava los cimientos de la propia democracia.
Por una mezcla de resignación, indiferencia y cobardía, la Argentina está a punto de naturalizar en la cima del poder algo que no toleraría en niveles infinitamente más bajos. ¿Cómo reaccionaríamos si el director de una escuela insulta a un integrante de su comunidad con palabras chocantes e irreproducibles? ¿Qué pensaríamos del presidente de un club de barrio que agravia a uno de sus socios solo por formular una crítica? ¿Creeríamos, como justifican algunos, que están en una cruzada contra la hipocresía y la corrección política del wokismo? ¿O lo veríamos como una ruptura inaceptable de pactos tácitos de convivencia?
El insulto presidencial está contaminando la vida pública y violentando, además, la esfera íntima de muchas familias. Hay voces que, con independencia y con valentía, están alertando sobre los peligros que eso supone. Pero también hay silencios estridentes de cámaras empresariales, asociaciones profesionales, academias, estamentos dirigenciales y líderes comunitarios.
Habría que reescribir, salvando las abismales diferencias entre uno y otro contexto, aquel poema que se suele atribuir a Bertolt Brecht: “Primero insultaron a los periodistas, pero como yo no era periodista, no me importó. Después insultaron a los economistas, pero como yo no era economista, tampoco me importó. Luego insultaron a los empresarios, pero como yo no era empresario, no dije nada. Ahora me insultan a mí, pero ya a nadie le importa”.
