La monumental impunidad de la corrupción obscena que lleva décadas en el país es un problema sistémico que tiene su causa principal en la decadencia del sistema político electoral argentino. A no ser que el periodismo independiente, los formadores de opinión y las nuevas generaciones de dirigentes pongan la lupa en esta problemática, nada cambiará, al menos sustancialmente.
Si bien son loables los esfuerzos de algunos periodistas, dirigentes y fiscales valientes que denuncian hechos de corrupción en los que están involucrados poderosos políticos y empresarios, el problema difícilmente se solucionará por ese camino debido a que las más altas instituciones están atravesadas por una corrupción sistémica.
El problema debe entonces ser atacado en su origen: un sistema político electoral blindado, bloqueado a la participación ciudadana, es el mayor escollo para depurar las corroídas instituciones argentinas. Ello es así debido a que, por un lado, los electores se encuentran imposibilitados de elegir a los candidatos de su preferencia a las legislaturas nacionales, provinciales y municipales y, por el otro, los ciudadanos con verdadera vocación de liderazgo encuentran vedado toda vía de acceso a los cargos electivos.
Desde principios del siglo XIX los doctrinarios políticos ingleses y estadounidenses vienen estudiando mecanismos de regulación político partidaria electoral a fin de dificultar o impedir las luchas de facciones personalistas que tanto habían preocupado a los padres fundadores de la república norteamericana. El norte de sus estudios era, y sigue siendo, la organización de partidos políticos orgánicos, de ideas, antipersonalistas y abiertos a la participación ciudadana. También profundizaron sus investigaciones sobre sistemas electorales a fin de que el elector tuviera el control del elegido “bajo su mano”, como señalaba Alexis de Toqueville en su Democracia en América (1850), ya que desconfiaban de cualquier mediación -elección indirecta, distritos grandes, sistemas de listas, cuerpos intermedios- que alejaran al representante de los intereses de quién lo votó.
Dicha problemática fue advertida y ampliamente debatida en ambas cámaras legislativas a fines del siglo XIX y hasta la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912 por iniciativa y preocupación de ilustres políticos argentinos, entre quienes podemos mencionar a Sarmiento, Mitre, Pellegrini, Joaquín V. González, Bernardo de Irigoyen, Lisandro de La Torre, Figueroa Alcorta y Roque Sáenz, entre muchos otros.
Lamentablemente, como bien sostiene Pablo Gerchunoff en La imposible República Verdadera (abril 2025), cuando llegaron al poder en 1916 Hipólito Yrigoyen “y sus fervorosos y tumultuosos seguidores … vinieron con un espíritu de totalidad”, es decir, “decididos a gobernar revolucionariamente”. Como se sabe, Yrigoyen llegó con una estructura verticalista presto a terminar con los gobiernos “conservadores” y el incipiente pluralismo político que se había instalado en la República con la Constitución de 1853.
Desde entonces, la dirigencia argentina, influenciada ya muy fuertemente por las corrientes nacionalistas de Europa continental de principios del siglo XX que llevaron al poder al nacional socialismo alemán, al fascismo italiano y al franquismo español, -todas corrientes políticas personalistas y de facción-, se alejó del espíritu reformista republicano de las décadas anteriores que había llevado a Pellegrini a afirmar en 1903, después de romper con Roca y de renunciar al PAN: “El partido político al que pertenecemos ha desaparecido, sustituyéndolo una sola cabeza que piensa, una voluntad que resuelve, una voz que ordena, un elector que elige”.
La famosa sentencia de Pellegrini es aplicable a cualquiera de las fuerzas políticas que tienen alguna incidencia en la vida política nacional actual. No hay verdaderos partidos políticos en la Argentina, y bien vale hacernos la pregunta de si alguna vez existieron.
Tanto ha penetrado en nuestros hábitos políticos la cultura personalista que pareciera que aún no nos hemos dado cuenta que nuestros derechos políticos se encuentran conculcados. El sistema electoral, tal como está legislado actualmente, es una farsa colosal.
El art. 45 de la CN establece que los diputados serán “elegidos directamente por el pueblo” lo cual, claramente, no se cumple. El sistema de listas bloqueadas y cerradas es uno de los más retrógrados del mundo, ya que el elector no tiene ninguna posibilidad de elegir a los candidatos de su preferencia. Solo puede optar entre un listado de varias decenas de desconocidas elegidos previamente por la “lapicera” del jefe.
En 1902, Joaquín V. González, ministro del Interior de Roca, al presentar el proyecto de ley de circunscripciones uninominales en la Cámara de Diputados, señalaba: “En el escrutinio de lista la importancia del individuo votante es mínima, imposible el conocimiento de los candidatos, inevitable la dominación de los managers, del caucus, del comité de los politicantes más activos … El escrutinio de lista es la más funesta invención del despotismo democrático”.
El sistema de listas cerradas y bloqueadas se ve agravado hoy por las denominadas PASO. Sancionadas con el supuesto propósito de democratizar y dinamizar la vida interna de los partidos político, en rigor, la verdadera consecuencia de su implementación va en sentido exactamente inverso: consolidar un sistema cerrado de “notables”, de casta. Las PASO se han consolidado como una barrera más, tanto para que el ciudadano elija a los candidatos de su preferencia, como para que los verdaderos dirigentes tengan la posibilidad de representar a sus conciudadanos.
Lo primero, porque las listas que se le presentan a los ciudadanos también son bloqueadas y cerradas y vienen previamente elegidos todos los precandidatos por los jefes o managers del partido. Lo segundo porque, si alguien dentro de un “partido” cualquiera pretende presentarse como precandidato, la ley le obliga a inscribirse con una lista completa cubriendo todos los cargos a elegir en la elección de que se trate. De lo contrario la justicia electoral no inscribe al candidato. ¿Qué ciudadano puede cumplir con semejantes requisitos sin el padrinazgo de un caudillo?
Hoy, como dijera Pellegrini poco antes de su muerte, en mayo de 1906: “Si alguien pretende el honor de representar a sus ciudadanos, es inútil que se empeñe en conquistar méritos y títulos; lo único que necesita es conquistar la protección o buena voluntad del mandatario”.
Hay un elemento más que dificulta o, mejor dicho, imposibilita la participación ciudadana en el juego democrático. La cultura política verticalista y caudillista que viene desde la época colonial, tan bien descripta por Joaquín V. Gonzalez en su monumental obra El Juicio del Siglo (1910).
Esa cultura política se encuentra ahora legitimada en prácticamente todas las cartas orgánicas de los llamados “partidos políticos” argentinos, en las cuales, las autoridades al “Comité Ejecutivo”, generalmente integrado por 20 o 30 personas, también se eligen por listas completas y cerradas que, necesariamente, debido a dicho método electoral, siempre responden en su totalidad al jefe o a la jefa que los puso en “su” lista. Es justamente dicho Comité Ejecutivo el que en todos los partidos elige los precandidatos para las PASO que luego van a la elección general, para que, finalmente, el ciudadano de a pie se limite a optar entre alguna de las largas listas armadas desde las jefaturas.
En conclusión, el sistema político argentino es inexpugnable. La consecuencia directa de ello es que las legislaturas nacionales, provinciales y municipales están conformadas mayormente por arribistas del poder, que llegan siempre protegidos por un jefe o caudillo a quien responden y dándole la espalda a los problemas e intereses de la ciudadanía. Saben que sus cargos no dependen del voto de los ciudadanos sino del nivel de obsecuencia para con su jefe político. De ahí que en dichos cuerpos deliberativos lo que prima es la componenda, el arreglo por debajo de la mesa, el travestismo, la rosca, el encubrimiento recíproco y corporativo, los acuerdos para elegir jueces que garanticen impunidad a todos y privilegios para unos pocos como norma, siendo su consecuencia directa, la agonía y muerte de la República.
En Política y Partidos Políticos en los Estados Unidos (1962), Clinton Rossiter nos recuerda: “Los partidos políticos y la democracia son fenómenos inseparables … los partidos políticos y la democracia surgieron juntos: han vivido y prosperado en una estrecha relación simbiótica, y si alguno de ellos podría alguna vez debilitarse y morir, el otro morirá también. La condición de los partidos de una nación es una prueba fidedigna de la salud de sus valores e instituciones democráticas”.
Urge entonces, hoy más que nunca, que la ciudadanía, el periodismo independiente, las ONG, los formadores de opinión y las nuevas generaciones de dirigentes, tomen consciencia de esta problemática y ejerzan presión sobre nuestra vetusta clase dirigente a fin de que abran los partidos políticos a la participación ciudadana y faciliten la vida interna democrática dentro de las oxidadas estructuras políticas existentes, para lo cual, a no dudarlo, ayudarán las nuevas herramientas tecnológicas que permiten la comunicación instantánea, la transparencia en los procedimientos y el acceso a la información pública.
También resulta imperioso y urgente que la opinión ciudadana ejerza presión real sobre el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales a fin de que modifiquen, en forma drástica, nuestros anquilosados sistemas electorales permitiendo a los ciudadanos ser protagonistas en las elecciones de sus representantes, tal como manda la CN, y a su vez deroguen las condiciones draconianas existentes para acceder a las precandidaturas y candidaturas electivas permitiendo a aquellos ciudadanos con vocación de liderazgo poder hacerlo sin tener que someterse al vasallaje de un caudillo o cúpula partidaria cerrada.
Si ello no sucede, no habrá forma de empezar a sanear nuestras instituciones republicanas, especialmente nuestro sistema judicial y todos los organismos de control tan necesarios para terminar de una buena vez con la corrupción endémica que corroe a toda la administración pública nacional, provincial y municipal y tanto daño causa a millones de argentinos, especialmente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
