BRASILIA.- En una fábrica de medicamentos de Montes Claros, en el estado de Minas Gerais, Lula da Silva levantó el jueves uno de los inyectables para adelgazar que se hicieron masivos en el mundo y prometió que el sistema público de salud los repartiría gratis a los pacientes con obesidad. Después advirtió contra el uso irresponsable: “Dentro de poco habrá diputados tirándole inyectables a la gente”.

Lo decía el mismo día en que había firmado, en Brasilia, el primer aumento del programa asistencial Bolsa Familia en cuatro años, a 17 días de la primera vuelta presidencial, y mientras la oposición lo acusaba de repartir dinero para comprar votos.

Esa misma noche, el instituto de encuestas Datafolha mostró al presidente brasileño con 46% contra 44% del senador Flavio Bolsonaro en un eventual balotaje, exactamente los mismos números que una semana antes.

El paquete de anuncios oficial consiguió en pocas horas lo que las encuestas todavía no registran: correr del centro de la conversación pública el escándalo del caso Master, el fraude multimillonario que llevó a la quiebra al banco de Daniel Vorcaro y que terminó arrastrando al Supremo Tribunal Federal, cuando surgieron los contactos próximos del banquero, hoy preso, con el juez Alexandre de Moraes, identificado con el gobierno.

Según un relevamiento del Instituto Democracia em Xeque, entre el jueves y el viernes asuntos relacionados al Bolsa Familia acumularon 341.300 publicaciones y 4,7 millones de interacciones. El Supremo seguía generando más volumen, pero el tema de la mejora para los beneficiarios de ese programa lo superó en repercusión en poco más de un día. Fuentes de la campaña del Partido de los Trabajadores (PT) consultadas por LA NACION celebraban, al cierre de la semana, ese giro en el debate público tan buscado.

El desgaste lo había admitido el propio comando. “Veníamos en una situación muy favorable electoralmente. Vino esa crisis institucional y es innegable que golpeó nuestra campaña”, dijo el viernes Edinho Silva, presidente del PT y coordinador nacional de la campaña de Lula. Su explicación es que buena parte de la sociedad no distingue con claridad entre los tres poderes y traduce todo sentimiento antisistema hacia quien gobierna.

El piso del Bolsa Familia pasó de 600 a 691 reales, de 117 a 134 dólares, recuperando unos 15 puntos de inflación para un programa que el gobierno mantenía pisado desde marzo de 2023, cuando Lula lo recreó. Los beneficiarios percibirán la recomposición por primera vez el 19 de octubre, en la semana de una eventual segunda vuelta, prevista para el 25 de ese mes. El ajuste cuesta 1130 millones de dólares este año y 4400 millones en 2027, un año para el que el Senado ya proyectaba déficit.

Nada es inédito en el movimiento del gobierno. La expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016) aumentó el programa 10% en abril de 2014, el mismo año en que fue reelecta. Jair Bolsonaro (2019-2022) subió el Auxilio Brasil un 50% en julio de 2022, a unos cien días de la elección, mediante una enmienda constitucional que el Supremo declararía inconstitucional dos años más tarde. Lo distinto, ahora, es la proximidad: 17 días para corregir una inflación acumulada desde 2023.

“Este movimiento desplaza la agenda o, como mínimo, divide la atención. Hace que la oposición no tenga el monopolio de la agenda del desgaste del gobierno”, analiza Marco Antonio Teixeira, politólogo de la Fundación Getulio Vargas de San Pablo, en diálogo con LA NACION. Para él, poner el tema en discusión reposiciona a Lula como aliado de un electorado que le venía dando la victoria al PT y que las encuestas mostraban que estaba perdiendo.

Recuperar terreno

Murilo Medeiros, analista político de la Universidad de Brasilia, lo describe como una medida de cuño electoral presionada por la performance en los sondeos, donde Lula había cedido terreno entre electores “cautivos”, como las mujeres y los sectores de menores ingresos.

“No fue en busca de nuevos electores. El gobierno fue atrás del elector que había perdido”, dice. Y agrega el mecanismo que explica por qué el anuncio puede rendir el 4 de octubre aunque el dinero llegue después: “Lo veo más efectivo para la segunda vuelta, cuando el dinero caiga en la cuenta. Pero la expectativa del aumento también puede reducir la abstención en esa franja, que históricamente es la que más deja de ir a votar”.

El síntoma está en el bastión. En el Nordeste de Brasil, Datafolha le arroja hoy 56% de las intenciones de voto, equivalente a alrededor del 60% de los votos válidos. Allí el gobierno obtuvo 66,7% en la primera vuelta de 2022.

Medeiros ve ahí un problema más profundo que el bolsillo. “Esta es claramente una elección de cambio, y el gobierno, para mantenerse en el poder, necesita gritar el discurso de la continuidad”, dice. “Lula siempre ganó sus elecciones con un mensaje de esperanza, vendiendo un sueño. Ahora su campaña está muy apoyada en el espejo retrovisor.”

Los rivales hablaron de desesperación, uso electoral y delito electoral. El gobierno sostiene que solo recompone la inflación acumulada, sin ganancia real ni ampliación del padrón, y que el gasto entra en el presupuesto sin elevar el límite de gastos. El principal candidato opositor, Flavio Bolsonaro, calificó el decreto de ilegal, pero su campaña resolvió no ir a la Justicia, según confirmó su abogada, temiendo un impacto contrario en la opinión pública.

La corte brasileña, mientras tanto, no logró cerrar el capítulo de su propia crisis. El martes, tras más de seis horas de sesión y acusaciones cruzadas entre jueces, el trámite que podría derivar en la apertura de una investigación sobre Moraes quedó frenado por un pedido de vista del juez Flavio Dino, exministro de Justicia de Lula. Dino ahora tiene un plazo de hasta 90 días para devolver el trámite al plenario. Todo indica que el Supremo llegará a la elección sin resolver.

Mientras tanto, el oficialismo empuja una agenda de reformas. El vicepresidente Geraldo Alckmin pidió este sábado mandatos con plazo y un código de ética para los jueces del Supremo: “Nada debe ser vitalicio”. Teixeira cree que la crisis está encapsulándose dentro del tribunal. Medeiros, en cambio, discrepa: “El estrago ya fue hecho, porque el gobierno fue arrastrado dentro de la crisis”. Para él, la corte postergó su autocorrección y ahora serán los electores en las urnas quienes la hagan.

Un relevamiento de Medeiros al que accedió LA NACION recuerda que en las siete elecciones brasileñas que fueron a balotaje desde 1989 siempre ganó quien lideró la primera vuelta. Nunca hubo una remontada. Pero los márgenes se estrecharon: Lula pasó en 2022 de 5,23 puntos de ventaja a ganar por 1,80. “Una ventaja menor a cinco puntos ya representa un gran riesgo”, sostiene. El último Datafolha le da poco más de tres.