Buenos Aires, 18 mayo (NA) – La Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires (FICE) mantuvo una reunión con el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, para analizar la grave crisis financiera que atraviesan las cooperativas eléctricas bonaerenses.
Durante el encuentro el presidente de FICE, Roberto Otero, describió las dificultades del sector para afrontar las deudas con Cammesa, sostener inversiones y actualizar los mecanismos tarifarios, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
“El congelamiento tarifario tuvo lugar a fines del 2019 y desde entonces las entidades se vieron forzadas a decidir, porque los ingresos dejaron de ser suficientes para cubrir esos costos que aumentaban”, explicó Otero.
El dirigente sostuvo que las cooperativas debieron optar entre incumplir obligaciones laborales y tributarias o dejar de pagar las facturas de compra de energía, tanto a Cammesa como a las distribuidoras proveedoras.
Según FICE, casi la totalidad de las cooperativas optaron por acumular deudas por compra de energía, lo que afectó seriamente sus pasivos. En ese marco, señalaron que los mecanismos de regularización y los reajustes tarifarios implementados desde 2022 permitieron una mejora parcial de los ingresos.
No obstante, Otero advirtió que persisten dos problemas centrales: el flujo de repago de las deudas regularizadas y las inversiones en infraestructura eléctrica que quedaron suspendidas durante el congelamiento tarifario.
“Las inversiones en redes dejadas en suspenso durante el congelamiento han afectado la calidad de servicio, sobre todo en zonas rurales aisladas”, remarcó el titular de FICE.
Durante la reunión también se analizó la falta de distribución a las provincias de los fondos nacionales provenientes del impuesto al capital de las cooperativas previsto en la Ley 23.427. Desde FICE señalaron que no habría aplicado a la promoción alrededor de 84.000 millones de pesos de los fondos aportados por el sector.
Además, las cooperativas manifestaron su preocupación por el vencimiento, en agosto de 2027, de la Ley 23.427 del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, situación que, indicaron, requerirá apoyo legislativo y de los gobernadores para lograr su prórroga.
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